
Entre todos, explicó, aunque la comunidad de Madrid no estuvo presente en la reunión, «existe un consenso en la evaluación del problema», que empieza alrededor de los 22 años, cuando acaba el periodo de formación en los jóvenes. También hay acuerdo en que sean las propias comunidades autónomas las que gestionen estas ayudas y «las que se ocupen de su agilidad». Las regiones firmarán convenios de colaboración bilaterales con la Administración central adaptados a cada caso.
Asimismo, dejó claro que esta ayuda de la renta de emancipación «es compatible» con otras existentes en las comunidades autónomas, que en Asturias se prolongan hasta los 35 años. Sí serán incompatibles con otras ayudas del propio Ministerio de Vivienda al alquiler en estas franjas de edad. En el primer año de su entrada en vigor, se evalúa que se beneficiarán de esta renta de emancipación unos 360.000 jóvenes, a través de unos 180.000 contratos de alquiler. El coste de estas previsiones alcanzaría aproximadamente los 436 millones de euros, una cifra que podría ampliarse si se diera la necesidad, para que «nadie se quede sin ayuda siempre que se cumplan los requisitos», entre los que destaca el tener un salario máximo bruto de 22.000 euros anuales.
La nueva medida va dirigida a los jóvenes que tienen la necesidad de conseguir una vivienda para tener la oportunidad de emanciparse. «Todos sabemos que es el primer problema» entre ellos, y esta ayuda significa «un paso muy importante, que ha sido evaluado muy positivamente por todas las comunidades autónomas», adujo.





