ECONOMÍA
Policía y Guardia Civil recibirán formación en investigación de los accidentes laborales
UGT y CC OO pedirán al Principado que incluya la propuesta, planteada por Trevín, en el nuevo pacto social Instan a los empresarios a participar en la manifestación de noviembre
SINIESTRALIDAD. Un momento de la reunión que tuvo lugar ayer en la Delegación del Gobierno. / PIÑA
El delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, propuso ayer a UGT y CC OO que los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil que intervienen en casos de siniestros graves y muertes reciban formación «singular y específica» para mejorar la investigación de los accidentes laborales. «El objetivo es llegar a convertir los atestados policiales en instrumentos eficaces que ayuden a determinar mejor la casuística de los sucesos y el cumplimiento general de la normativa en la empresa», argumentó Trevín.
La iniciativa fue bien recibida por el secretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, y el de CC OO en el Principado, Antonio Pino. Ambos se comprometieron a incluir esta propuesta dentro de los acuerdos de la concertación social que los sindicatos negocian con el Gobierno regional y la patronal. Además, sugirieron a Trevín la posibilidad de que los miembros de la Policía Local puedan recibir también esta formación.
El Delegado del Gobierno aclaró que el Estado no dispone de financiación específica para esta formación, pero -explicó- dado que las competencias sobre la prevención de riesgos laborales son autonómicas, se podría alcanzar un acuerdo con el Gobierno regional para llevar a cabo los cursos y dar así «un paso más» en la disminución de la «lacra social» que suponen los accidentes en el trabajo.
La propuesta de la Delegación de Gobierno se produce tras un trágico mes de octubre en el que cuatro personas han perdido la vida en Asturias como consecuencia de accidentes laborales y que llevó al Principado a convocar de manera extraordinaria la junta rectora del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales para articular nuevas medidas que ayuden a frenar la escalada de siniestralidad que afecta a la región.
Protocolo de actuación
Trevín comparó la medida con la formación específica que reciben los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que trabajan en asuntos relacionados con la violencia de género. En este sentido explicó que, desde hace meses existe ya un protocolo de actuación que establece los parámetros a seguir a la hora de levantar un atestado.
Según los datos que maneja CC OO, en Asturias se produce un accidente laboral cada cinco minutos, ratio que Pino interpreta como producto de un «relajo» de la Administración regional y los empresarios ante el cumplimiento de las leyes de prevención, por lo que reclama medidas coercitivas más fuertes para las empresas que cometen imprudencias. Denunció que «tratar de criminalizar» a los trabajadores por los accidentes laborales, como a su juicio intentan algunos empresarios, es una línea «irregular y equivocada de actuación».
En ese sentido, el sindicalista recordó que el anterior acuerdo de concertación social contemplaba ampliar la plantilla de técnicos del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales de Asturias y poner en marcha aulas formativas, medidas consensuadas que cree que «no se van a poner en marcha». Por su parte, Rodríguez Braga insistió ayer en la necesidad de crear un fiscal específico para la siniestralidad laboral y pidió «acciones extraordinarias» ante «incumplimientos claros» de las leyes y normativas para atajar los accidentes, que son «cantidad». «El único responsables en los centros de trabajo es el empresario, lo dice la ley», destacó.
El representante de UGT considera necesario duplicar los inspectores de trabajo en Asturias, de 16 a 32, y los delegados territoriales. Los dos sindicalistas invitaron ayer a todas las fuerzas sindicales, institucionales y empresariales a sumarse a la manifestación contra la siniestralidad laboral promovida por CC OO y UGT, que está fijada para el 22 de noviembre. La junta rectora del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales acordó la semana pasada la constitución de una comisión que en un plazo de 30 días deberá analizar los dos sectores que tienen más accidentes en números absolutos: el metal y la construcción.
La iniciativa fue bien recibida por el secretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, y el de CC OO en el Principado, Antonio Pino. Ambos se comprometieron a incluir esta propuesta dentro de los acuerdos de la concertación social que los sindicatos negocian con el Gobierno regional y la patronal. Además, sugirieron a Trevín la posibilidad de que los miembros de la Policía Local puedan recibir también esta formación.
El Delegado del Gobierno aclaró que el Estado no dispone de financiación específica para esta formación, pero -explicó- dado que las competencias sobre la prevención de riesgos laborales son autonómicas, se podría alcanzar un acuerdo con el Gobierno regional para llevar a cabo los cursos y dar así «un paso más» en la disminución de la «lacra social» que suponen los accidentes en el trabajo.
La propuesta de la Delegación de Gobierno se produce tras un trágico mes de octubre en el que cuatro personas han perdido la vida en Asturias como consecuencia de accidentes laborales y que llevó al Principado a convocar de manera extraordinaria la junta rectora del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales para articular nuevas medidas que ayuden a frenar la escalada de siniestralidad que afecta a la región.
Protocolo de actuación
Trevín comparó la medida con la formación específica que reciben los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que trabajan en asuntos relacionados con la violencia de género. En este sentido explicó que, desde hace meses existe ya un protocolo de actuación que establece los parámetros a seguir a la hora de levantar un atestado.
Según los datos que maneja CC OO, en Asturias se produce un accidente laboral cada cinco minutos, ratio que Pino interpreta como producto de un «relajo» de la Administración regional y los empresarios ante el cumplimiento de las leyes de prevención, por lo que reclama medidas coercitivas más fuertes para las empresas que cometen imprudencias. Denunció que «tratar de criminalizar» a los trabajadores por los accidentes laborales, como a su juicio intentan algunos empresarios, es una línea «irregular y equivocada de actuación».
En ese sentido, el sindicalista recordó que el anterior acuerdo de concertación social contemplaba ampliar la plantilla de técnicos del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales de Asturias y poner en marcha aulas formativas, medidas consensuadas que cree que «no se van a poner en marcha». Por su parte, Rodríguez Braga insistió ayer en la necesidad de crear un fiscal específico para la siniestralidad laboral y pidió «acciones extraordinarias» ante «incumplimientos claros» de las leyes y normativas para atajar los accidentes, que son «cantidad». «El único responsables en los centros de trabajo es el empresario, lo dice la ley», destacó.
El representante de UGT considera necesario duplicar los inspectores de trabajo en Asturias, de 16 a 32, y los delegados territoriales. Los dos sindicalistas invitaron ayer a todas las fuerzas sindicales, institucionales y empresariales a sumarse a la manifestación contra la siniestralidad laboral promovida por CC OO y UGT, que está fijada para el 22 de noviembre. La junta rectora del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales acordó la semana pasada la constitución de una comisión que en un plazo de 30 días deberá analizar los dos sectores que tienen más accidentes en números absolutos: el metal y la construcción.
