GIJÓN
El director del instituto Calderón dice que el alumno agredido no denunció acoso
«En cuanto se nos comunicó la denuncia hecha por los padres se tomaron las medidas educativas pertinentes», afirma Alberto Roza
31.10.07 -
El director del Instituto de Educación Secundaria Calderón de la Barca, Alberto Roza, ha puntualizado en una nota enviada a EL COMERCIO que el alumno cuya agresión fue denunciada por su madre en la comisaría de Policía no había denunciado acoso escolar en ningún momento y que los hechos recogidos en el documento policial aún no están probados.
Roza se refiere a la denuncia por agresión presentada por Montserrat Medina, madre del entonces alumno del Calderón E. R. M., a quien el puñetazo de otro compañero acabó con él en el suelo, produciéndole lesiones en la cara que, médicamente acreditadas, acompañan la denuncia en comisaría. En la misma se habla del acoso de otros compañeros que acabó finalmente con la agresión.
El director del instituto de El Coto matiza a ese respecto que «a lo largo de las conversaciones mantenidas con el orientador, el alumno jamás mencionó ni denunció acoso de ningún compañero. Es más, fue el orientador quien, al observar su estado anímico, aconsejó a sus padres la conveniencia de consultar con un profesional ajeno al centro, puesto que no es su función emitir, ni emite, diagnósticos ajenos a su competencia».
De esta manera Roza da respuesta a las palabras de la madre del alumno, quien dijo en este periódico que «cuando fuimos a hablar con el orientador nos dijo que tenía un grave problema: un trastorno bipolar y necesitaba ayuda urgente. Le llevamos a un psiquiatra, pero lo cierto es que cuando dejó de ir al instituto empezó a mejorar».
En cuanto a las responsabilidades del centro, el director afirma que «en el mismo momento en que se comunicó la denuncia hecha por sus padres, esta dirección tomó, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior, las medidas educativas pertinentes. Y se informó de las mismas a la Comisión de Convivencia y al inspector del centro».
También señala que «en tanto en cuanto se llevan a cabo las actuaciones judiciales derivadas de la denuncia, la Constitución reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la presunción de inocencia. En otras palabras, los hechos denunciados aún no están probados». Y finalmente apostilla Alberto Roza que «el equipo directivo del centro nunca va a trasladar a la opinión pública la problemática de ninguno de nuestros alumnos, pues ésta sólo compete a sus padres y a la comunidad educativa». El alumno ha sido trasladado de centro.
Roza se refiere a la denuncia por agresión presentada por Montserrat Medina, madre del entonces alumno del Calderón E. R. M., a quien el puñetazo de otro compañero acabó con él en el suelo, produciéndole lesiones en la cara que, médicamente acreditadas, acompañan la denuncia en comisaría. En la misma se habla del acoso de otros compañeros que acabó finalmente con la agresión.
El director del instituto de El Coto matiza a ese respecto que «a lo largo de las conversaciones mantenidas con el orientador, el alumno jamás mencionó ni denunció acoso de ningún compañero. Es más, fue el orientador quien, al observar su estado anímico, aconsejó a sus padres la conveniencia de consultar con un profesional ajeno al centro, puesto que no es su función emitir, ni emite, diagnósticos ajenos a su competencia».
De esta manera Roza da respuesta a las palabras de la madre del alumno, quien dijo en este periódico que «cuando fuimos a hablar con el orientador nos dijo que tenía un grave problema: un trastorno bipolar y necesitaba ayuda urgente. Le llevamos a un psiquiatra, pero lo cierto es que cuando dejó de ir al instituto empezó a mejorar».
En cuanto a las responsabilidades del centro, el director afirma que «en el mismo momento en que se comunicó la denuncia hecha por sus padres, esta dirección tomó, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior, las medidas educativas pertinentes. Y se informó de las mismas a la Comisión de Convivencia y al inspector del centro».
También señala que «en tanto en cuanto se llevan a cabo las actuaciones judiciales derivadas de la denuncia, la Constitución reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la presunción de inocencia. En otras palabras, los hechos denunciados aún no están probados». Y finalmente apostilla Alberto Roza que «el equipo directivo del centro nunca va a trasladar a la opinión pública la problemática de ninguno de nuestros alumnos, pues ésta sólo compete a sus padres y a la comunidad educativa». El alumno ha sido trasladado de centro.
