
Sáiz justificó su decisión en un auto en el que rechazó el sobreseimiento de la causa ante la existencia de «indicios racionales de criminalidad» que podrían ser constitutivos de delito de desobediencia tipificado en el artículo 556 del actual Código Penal. Señaló, además, que las reuniones origen de la causa fueron «confirmadas» por los imputados en sus declaraciones.
El juez mantiene que los hechos encausados podrían suponer «el incumplimiento» de la sentencia del Supremo de 27 de marzo de 2003, que declaró la ilegalidad y disolución de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, denominaciones utilizadas por la izquierda 'abertzale', que ordenó la suspensión de todas sus actividades.
Contra la Fiscalía
La decisión del magistrado contrasta con la postura de la Fiscalía, que a lo largo de toda la instrucción ha solicitado el sobreseimiento de la causa por considerar que no se dan los «requisitos objetivos ni subjetivos» del delito de desobediencia imputado. El auto da, en cambio, la razón a los demandantes, el Foro de Ermua y la plataforma Dignidad y Justicia.
Una vez decretada la apertura del juicio oral, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior vasco deberá poner fecha al juicio que sentará por primera vez en el banquillo a un lendakari y a significativos dirigentes políticos vascos.
El Foro de Ermua solicita penas de dos años y nueve meses para Ibarretxe y de nueve meses para Patxi López y Rodolfo Ares por un delito de desobediencia. Las peticiones se elevan a entre uno y cuatro años de prisión para los dirigentes de Batasuna. Dignidad y Justicia demanda a su vez dos años para el lendakari, uno para López y Ares y entre uno y tres para los integrantes de la formación radical.
El magistrado instructor traslada su decisión a la fiscalía para que en el plazo de tres días formule «escrito de acusación o lo que estime procedente» y otorga otros días 10 días a los acusados para que presenten escrito de defensa y propongan «la prueba de la que intenten valerse en el juicio oral». El auto es firme y no cabe recurso alguno.
Las reacciones sobre el auto judicial fueron inmediatas. La portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azcarate, señaló que se trata de «un hecho histórico de especial gravedad», ya que, «por primera vez en la historia, por impulso político» se enjuicia penalmente a un lendakari «por ejercer su función política para la que ha sido elegido». Azkarate denunció que «lo que es válido» para el presidente español, el diálogo, no lo sea para Ibarretxe. El PSE anunció que solicitará «el archivo» de la causa «por la imposibilidad de juzgar a quienes sólo están acusados por una acusación popular».





