
El nombramiento de Castro, un alcalde con 24 años de mandato a sus espaldas, no fue ninguna sorpresa. A pesar de que los populares insistieron en presentar una candidatura alternativa, el puesto estaba ganado de antemano por sus rivales. Los socialistas, pese a perder por 156.000 votos las municipales de mayo, tienen 659 concejales más y están al frente de más ciudades de 50.000 habitantes que el PP. El sistema de votación de la FEMP pondera la población sobre la que se gobierna. Los municipios con alcalde socialista engloban a 20 millones de personas y los que tienen alcalde popular, a 17.
Con todo, ninguno de los dos partidos mayoritarios superaron los dos tercios exigidos en los estatutos para imponer un equipo monolítico de gobierno. Otaola será, por tanto, vicepresidenta primera. Y Rosa Aguilar, la regidora cordobesa de IU, repetirá en el cargo de vicepresidenta segunda que ya ocupó el pasado mandato. Su partido apoyó junto a CIU a los socialistas, que recabaron 15.977 votos. El PP se granjeó el apoyo de Coalición Canaria y Partido Andalucista, pero se quedó en 11.310.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), denunció que el modo en el que la FEMP designa a sus máximos representantes «pervierte la voluntad popular» y subrayó que su partido impulsará una reforma de los estatutos en la próxima legislatura para introducir un modelo de «un concejal, un voto». Además, advirtió de que Castro es un hombre de la «discordia» que actúa al dictado de Ferraz y lo contrapuso al presidente saliente, el también socialista Heliodoro Gallego, alcalde de Palencia, a quien agradeció la «cercanía» mostrada con el PP durante su mandato.
Municipalismo
El presidente electo optó por hacer borrón y cuenta nueva y olvidar la confrontación que ha caracterizado esta asamblea. «Ha habido diferencias; pido y deseo que a partir de ahora seamos todos uno desde la pluralidad y la diferencia, a favor del municipalismo», añadió.
Atrás queda el enfrentamiento generado por la decisión del PP de presentar una resolución para exigir al Gobierno que imponga el cumplimiento de la ley de banderas a todos los ayuntamientos y la negativa del PSOE a apoyar un texto que, a su juicio, sólo buscaba tensar el ambiente.





