Asturias
El Principado reconoce la ralentización de las obras del HUCA por discrepancias con las constructoras
Asegura que las mejoras «encajan con el contrato firmado», mientras las empresas afirman que son obra nueva. El Ayuntamiento de Oviedo acusa al Gobierno de «mala gestión» y el PP de «inseguridad» y pide una investigación
CADELLADA. Un camión ingresa en la parcela del HUCA, donde ayer se registró escasa actividad a pie de obra. / JESÚS DÍAZ
El pulso que desde hace meses mantienen las empresas constructoras del futuro hospital y el Principado acerca de los sobrecostes del proyecto que se ejecuta en La Cadellada, se deja notar ya sobre el terreno. El Gobierno regional, a través de Gispasa -empresa pública que gestiona la actuación del HUCA- reconoció ayer por vez primera que los trabajos «se encuentran ralentizados». El descenso en el ritmo de la obra del nuevo macrohospital, que debería estar culminado dentro de dos años y un mes (diciembre de 2009), se debe a las importantes discrepancias que la UTE y la administración regional exhiben acerca del aumento presupuestario sufrido por el proyecto de La Cadellada en estos últimos
Tal y como adelantara el pasado domingo EL COMERCIO, las adjudicatarias (Sacyr, Constructora San José y la asturiana Sánchez y Lago) reclaman un sobrecoste de hasta el 50% por encima del precio de adjudicación (valoran el aumento en 102 millones de euros), mientras que Gispasa habla de un modificado económico de «menos de un 20%» (40 millones de euros).
Las diferencias económicas se retrotraen al pasado mes de marzo, cuando Gispasa acordó introducir cambios sustanciales en el proyecto del futuro Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Las modificaciones fueron incorporadas cuando los trabajos sobre la parcela llevaban ya 21 meses de ejecución.
Un hospital estrecho
Las mismas pretendían corregir una serie de desajustes detectados por los técnicos de Gispasa. Se decidió entonces que el HUCA creciera en superficie para evitar así que áreas neurálgicas del hospital como urgencias y consultas externas sufrieran falta de espacio nada más ser inauguradas.
En total, el complejo sanitario de La Cadellada ganó 14.703 metros cuadrados y pasó de una superficie total construida de 177.666 metros cuadrados a otra de 189.047. Ese modificado, junto al cambio de materiales, el nuevo sistema de climatización escogido y el tipo de fachada acristalada seleccionada, entre otros aspectos, es el que desde hace más de medio año enfrenta a Principado y empresas. Las partes no se ponen de acuerdo sobre el precio de esta nueva factura que incrementará el coste final del HUCA, que fue adjudicado en 205,3 millones de euros tras presentar la UTE adjudicataria una baja económica del 23%.
A la hora de valorar el sobrecoste presupuestario muchas son las cláusulas del contrato que entran en juego y las interpretaciones que del mismo hacen unos y otros. Así, mientras para el Gobierno regional, tal y como afirmó ayer la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, «las modificaciones encajan perfectamente con el contrato que se ha firmado», para las constructoras los cambios son entendidos como «una unidad nueva de obra», lo que obligaría a negociarlo como una actuación extraordinaria. Es precisamente este planteamiento el que ha llevado a las empresas a amenazar con la judicialización del conflicto, extremo negado desde Gispasa, que ayer insistió una vez más en que las «negociaciones se desarrollan con normalidad».
Sin embargo, y pese a esa presunta normalidad, las obras de La Cadellada marchan a ritmo lento. Es la primera vez, desde que arrancaran los trabajos allá por el 7 de junio de 2005, que existe una ralentización reconocida oficialmente por el Principado. Gispasa lo atribuyó ayer al pulso que la UTE mantiene con el Principado, así como a «circunstancias propias de la fase de la obra en la que nos encontramos».
Críticas políticas
Los problemas evidenciados en las obras de La Cadellada generaron ayer una nueva cascada de reacciones políticas. Tras las advertencias y las peticiones de comparecencias que PP e IU hicieron públicas el pasado lunes a través de EL COMERCIO, ayer fue el turno del Ayuntamiento de Oviedo y, una vez más, del Partido Popular. El concejal de Economía y primer teniente alcalde del consistorio ovetense, Agustín Iglesias Caunedo, acusó al Principado de «mala gestión», lo que en su opinión «nos llevará a tener que pagar 88 millones de euros por los sobrecostes» del HUCA. «El nuevo hospital es la peor gestión pública de la historia regional», afirmó.
Caunedo realizó estas manifestaciones durante el Pleno ordinario que se celebró en el Ayuntamiento de la capital del Principado, en el que se aprobaron los presupuestos para 2008 con los votos a favor del PP (17) frente al rechazo de los concejales socialistas y el portavoz de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz), Roberto Sánchez Ramos.
Sánchez, preocupado
Junto a las declaraciones del edil popular se produjeron las del presidente del PP de Asturias. Ovidio Sánchez se mostró «preocupado» por la situación y aprovechó para unir el sobrecoste del futuro hospital al ya anunciado para las obras de ampliación del puerto de El Musel, en Gijón. Para Sánchez, «con estos casos se genera una sensación de inseguridad, de no saber lo que nos cuestan las cosas», dijo.
El líder de la oposición recordó, además, que «o bien hay una responsabilidad de los funcionarios que elaboran los proyectos», o, en su defecto «debería haber una investigación en profundidad». Para el presidente popular, «esos sobrecostes no huelen nada bien en lo que es la contratación pública», uniéndose así a las acusaciones que el lunes realizó el portavoz de IU, Jesús Iglesias, quien teme que «se pervierta» el sistema de contratación.
lfonseca@elcomerciodigital.com
Tal y como adelantara el pasado domingo EL COMERCIO, las adjudicatarias (Sacyr, Constructora San José y la asturiana Sánchez y Lago) reclaman un sobrecoste de hasta el 50% por encima del precio de adjudicación (valoran el aumento en 102 millones de euros), mientras que Gispasa habla de un modificado económico de «menos de un 20%» (40 millones de euros).
Las diferencias económicas se retrotraen al pasado mes de marzo, cuando Gispasa acordó introducir cambios sustanciales en el proyecto del futuro Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Las modificaciones fueron incorporadas cuando los trabajos sobre la parcela llevaban ya 21 meses de ejecución.
Un hospital estrecho
Las mismas pretendían corregir una serie de desajustes detectados por los técnicos de Gispasa. Se decidió entonces que el HUCA creciera en superficie para evitar así que áreas neurálgicas del hospital como urgencias y consultas externas sufrieran falta de espacio nada más ser inauguradas.
En total, el complejo sanitario de La Cadellada ganó 14.703 metros cuadrados y pasó de una superficie total construida de 177.666 metros cuadrados a otra de 189.047. Ese modificado, junto al cambio de materiales, el nuevo sistema de climatización escogido y el tipo de fachada acristalada seleccionada, entre otros aspectos, es el que desde hace más de medio año enfrenta a Principado y empresas. Las partes no se ponen de acuerdo sobre el precio de esta nueva factura que incrementará el coste final del HUCA, que fue adjudicado en 205,3 millones de euros tras presentar la UTE adjudicataria una baja económica del 23%.
A la hora de valorar el sobrecoste presupuestario muchas son las cláusulas del contrato que entran en juego y las interpretaciones que del mismo hacen unos y otros. Así, mientras para el Gobierno regional, tal y como afirmó ayer la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, «las modificaciones encajan perfectamente con el contrato que se ha firmado», para las constructoras los cambios son entendidos como «una unidad nueva de obra», lo que obligaría a negociarlo como una actuación extraordinaria. Es precisamente este planteamiento el que ha llevado a las empresas a amenazar con la judicialización del conflicto, extremo negado desde Gispasa, que ayer insistió una vez más en que las «negociaciones se desarrollan con normalidad».
Sin embargo, y pese a esa presunta normalidad, las obras de La Cadellada marchan a ritmo lento. Es la primera vez, desde que arrancaran los trabajos allá por el 7 de junio de 2005, que existe una ralentización reconocida oficialmente por el Principado. Gispasa lo atribuyó ayer al pulso que la UTE mantiene con el Principado, así como a «circunstancias propias de la fase de la obra en la que nos encontramos».
Críticas políticas
Los problemas evidenciados en las obras de La Cadellada generaron ayer una nueva cascada de reacciones políticas. Tras las advertencias y las peticiones de comparecencias que PP e IU hicieron públicas el pasado lunes a través de EL COMERCIO, ayer fue el turno del Ayuntamiento de Oviedo y, una vez más, del Partido Popular. El concejal de Economía y primer teniente alcalde del consistorio ovetense, Agustín Iglesias Caunedo, acusó al Principado de «mala gestión», lo que en su opinión «nos llevará a tener que pagar 88 millones de euros por los sobrecostes» del HUCA. «El nuevo hospital es la peor gestión pública de la historia regional», afirmó.
Caunedo realizó estas manifestaciones durante el Pleno ordinario que se celebró en el Ayuntamiento de la capital del Principado, en el que se aprobaron los presupuestos para 2008 con los votos a favor del PP (17) frente al rechazo de los concejales socialistas y el portavoz de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz), Roberto Sánchez Ramos.
Sánchez, preocupado
Junto a las declaraciones del edil popular se produjeron las del presidente del PP de Asturias. Ovidio Sánchez se mostró «preocupado» por la situación y aprovechó para unir el sobrecoste del futuro hospital al ya anunciado para las obras de ampliación del puerto de El Musel, en Gijón. Para Sánchez, «con estos casos se genera una sensación de inseguridad, de no saber lo que nos cuestan las cosas», dijo.
El líder de la oposición recordó, además, que «o bien hay una responsabilidad de los funcionarios que elaboran los proyectos», o, en su defecto «debería haber una investigación en profundidad». Para el presidente popular, «esos sobrecostes no huelen nada bien en lo que es la contratación pública», uniéndose así a las acusaciones que el lunes realizó el portavoz de IU, Jesús Iglesias, quien teme que «se pervierta» el sistema de contratación.
lfonseca@elcomerciodigital.com
