
El PP calificó de «escándalo» una desviación presupuestaria del 40% y lamentó que no haya habido ya «depuración de responsabilidades». Su convencimiento de que la Autoridad Portuaria de Gijón ha «gestionado mal la crisis» y «lleva una obra crucial al desastre» hace temer a los diputados populares que no habrá más financiación europea y que el sobrecoste repercuta en las futuras tarifas del 'superpuerto', con la consiguiente pérdida de competitividad.
El diputado José Agustín Cuervas-Mons fue el encargado de fijar la posición de su grupo al final del debate, en el que intervinieron también con preguntas Pelayo Roces y Ana Barrientos, y consideró «incomprensible» que Buendía no haya comparecido a petición propia, lo que, a su juicio, denota «falta de respeto» por los millones de euros de dinero público que paliará el sobrecoste.
El portavoz popular aseguró que las hemerotecas demuestran que tanto responsables de la Autoridad Portuaria como del Ministerio de Fomento «mintieron» para ocultar el incremento presupuestario.
También consideró insuficiente el compromiso del Gobierno del Estado para garantizar la financiación necesaria y acusó a la Autoridad Portuaria de pasividad ante las alegaciones del contratista y de no ejercitar acción alguna para reclamar su responsabilidad. «Los socialistas son campeones del sobrecoste de modificados» y aseguró que «si nosotros estuviéramos gobernando, estaríamos en el Juzgado o en la Fiscalía».
En ese contexto, el portavoz popular indicó que «nos vamos a reservar las acciones pertinentes para clarificar y depurar responsabilidades, así como para asegurar el futuro de El Musel, que no lo vemos».
Responsabilidad
Francisco García Valledor fue ayer el encargado de representar a IU en la comisión de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de la Junta General del Principado. «No nos vamos con tranquilidad», dijo el ex consejero, por falta de garantías en cuanto a plazos y financiación.
A su juicio, en el sobrecoste hay «una clara responsabilidad del adjudicatario y de HC» que acabarán pagando todos los españoles o, en el mejor de los casos, todos los europeos.
Extrañado por que HC Energía no hubiera previsto su planta de desulfuración con la antelación suficiente para evitar la firma de un compromiso respecto a la cantera de Aboño, Valledor considera ahora difícil que la UE pueda entender el sobrecoste como un imprevisto y aseguró que si no se exigen responsabilidades a las empresas, la culpabilidad recaerá en el plano político.
También pidió que garanticen la financiación la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, o el presidente del Gobierno





