GIJÓN
Infraestructuras achaca a HC Energía el principal sobrecoste de la ampliación de El Musel
Una planta de desulfuración de la eléctrica impidió usar dos años la cantera de Aboño, aunque la empresa declina su responsabilidad por ser ajena a la obra El consejero dejó entrever que el modificado incluirá también nuevo plazo y aseguró que la financiación está garantizada por Fomento y el propio puerto
EXPLICACIÓN. El consejero Francisco González Buendía explica con imágenes la dificultad de construir el puerto en el Cantábrico. / EFE
El consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía, afirmó ayer que la mayor parte del sobrecoste de la ampliación de El Musel, entre un 32 y un 33%, se debió a que el proyecto preveía acopiar los áridos necesarios en canteras situadas a una distancia de entre cuatro y seis kilómetros, y hubo que traerlos desde 60 y 150 kilómetros. En su comparecencia ante la Junta General solicitada por el PP para explicar este sobrecoste, Buendía apuntó, no obstante, que no hubo imprevisión, debido a que la Autoridad Portuaria firmó un convenio con HC Energía, propietaria de gran parte de la cantera de Aboño, por el que la empresa eléctrica se comprometía a poner dicho yacimiento a disposición de la obra. Pero ésto no tuvo lugar hasta la primavera de 2007, es decir, dos años después de comenzar los trabajos, porque la construcción de una planta de desulfuración al pie de la montaña impidió la extracción de piedra.
En ese sentido, HC Energía hizo público un comunicado en el que «declina cualquier tipo de responsabilidad» porque, explica, es «totalmente ajena a la gestión de las obras». También «reitera su firme voluntad de colaboración con todas las entidades implicadas, tal y como, en la medida de sus posibilidades y sin merma de su capacidad operativa, ha venido haciendo siempre».
El consejero expuso ayer sus previsiones, en calidad de miembro del Gobierno regional, pero también como representante del Principado en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, sobre las tres grandes incógnitas -causas, plazos y financiación- que plantea el sobrecoste, estimado en un 40%, es decir, en torno a 323 millones de euros.
Las causas
Francisco González Buendía citó tres causas fundamentales del desfase económico, con aplicación porcentual de responsabilidad a cada una de ellas: encarecimiento del aprovisionamiento de piedra (entre el 32% y el 33%), mejoras en el proyecto (un 6%) y daños causados por un oleaje superior al previsible (un 2%).
Lo más novedoso en este apartado, especialmente por el alto porcentaje que se le imputa, no es tanto que no se haya dado a la cantera de Aboño el papel que se le asignaba, sino las causas de la falta de disponibilidad. Buendía desveló ayer que la Autoridad Portuaria de Gijón firmó con responsables de HC Energía un compromiso, el día 26 de julio de 2004, para utilizar dicha cantera, y así se puso de manifiesto en las bases del concurso de ampliación, de forma que todas las constructoras interesadas pudieran tenerlo en cuenta.
El caso es que menos de un año más tarde, cuando las obras de El Musel requerían un aprovisionamiento rápido de piedra, para aprovechar la temporada estival y hacer avanzar el Dique de Torres, se encontró con que sólo una de las tres canteras próximas, la de La Hoya, estaba disponible. La de Aboño permanecía inutilizable no sólo por la construcción de la planta de desulfuración de HC, sino también por la licencia de investigación concedida por el Principado. No obstante, el consejero quitó ayer importancia a esa circunstancia, porque dicho derecho se pudo haber expropiado, como se hizo posteriormente. El problema es que no se podía trabajar en la cantera porque al pie de la misma estaba en marcha la planta de desulfuración de HC. Aunque las explicaciones de Buendía apuntaron directamente al incumplimiento de su compromiso por Hidrocantábrico, el consejero se mostró más comprensivo que crítico con la eléctrica y buscó justificación a su actitud en la necesidad que los acuerdos de Kioto imponen de tener resuelta la desulfuración a principios de 2008.
El caso es que HC aplazó hasta la primavera de 2007 la posibilidad de explotar la cantera de Aboño, que actualmente está operativa, pero dos años después de comenzar las obras de ampliación.
Otra de las canteras que estaba previsto utilizar, la de Perecil, no llegó a obtener licencia de explotación y sigue inoperativa, en este caso no tanto por voluntad de la propiedad como por la normativa aplicable.
Respecto a las mejoras en el proyecto de ampliación, a las que se achaca un sobrecoste del 6% (cerca de 35 millones de euros), Buendía explicó que se había cambiado el entronque de los diques de Torres (construido en escollera) y Norte, (formado por cajones), para proporcionarle mayor eficacia frente el oleaje.
Asimismo, el 2% del incremento que el Principado considera justificado (11,5 millones, aproximadamente) se deben a daños causados por el oleaje. En ese sentido, Buendía dijo que, por supuesto, se tuvo en cuenta que la obra se ejecuta en el Cantábrico, pero los temporales de febrero y marzo de 2007 «fueron los peores en los últimos 40 años» y, en esas condiciones, «puede que los daños no puedan ser dejados a riesgo y ventura del contratista» con el riesgo de que nadie puje por una obra marítima «innovadora y pionera en su especie» como es la de ampliación del puerto de El Musel.
Plazos
Buendía también habló ayer de dos tipos de plazos. Los del Gobierno y del puerto, y los de la obra. En el primer caso, el consejero aseguró que, aunque desde el comienzo de las obras estaba claro que habría un sobrecoste, por la lejanía ya citada de las canteras, no se consideró oportuno dar cuenta de ello porque la Unión Europea sólo admite un modificado y se optó por esperar a que la obra esté suficientemente avanzada para presentar en Bruselas la nueva planificación, sin riesgo ya de que las cosas vuelvan a cambiar.
Respecto a los plazos de las obras, Buendía dio a entender que el modificado, que tiene que contar con conformidad europea, puede afectar también al plazo de ejecución, pero sin perjudicar a los proyectos vinculados al 'superpuerto', como la regasificadora o la central de ciclo combinado de Aboño. Otros proyectos, como las fábricas de biodiésel, no están previstas en terreno de la ampliación.
Financiación
El consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de Asturias comenzó y terminó su intervención en la Junta General con una frase lacónica: «El 'superpuerto' no hay quien lo pare». Con el objetivo de tranquilizar y convencer a la oposición argumentó que hay un compromiso claro del secretario general de Transportes, Fernando Palao; del presidente del ente público Puertos del Estado, Mariano Navas, y de la propia Autoridad Portuaria de Gijón de que se hallará financiación.
No dijo, sin embargo, cómo se hará frente al sobrecoste estimado en unos 320 millones de euros.
Tanto Fomento como el Principado confían en que la Unión Europea acepte el modificado que se encuentra en fase de redacción y participe en la financiación del sobrecoste.
En ese sentido, HC Energía hizo público un comunicado en el que «declina cualquier tipo de responsabilidad» porque, explica, es «totalmente ajena a la gestión de las obras». También «reitera su firme voluntad de colaboración con todas las entidades implicadas, tal y como, en la medida de sus posibilidades y sin merma de su capacidad operativa, ha venido haciendo siempre».
El consejero expuso ayer sus previsiones, en calidad de miembro del Gobierno regional, pero también como representante del Principado en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, sobre las tres grandes incógnitas -causas, plazos y financiación- que plantea el sobrecoste, estimado en un 40%, es decir, en torno a 323 millones de euros.
Las causas
Francisco González Buendía citó tres causas fundamentales del desfase económico, con aplicación porcentual de responsabilidad a cada una de ellas: encarecimiento del aprovisionamiento de piedra (entre el 32% y el 33%), mejoras en el proyecto (un 6%) y daños causados por un oleaje superior al previsible (un 2%).
Lo más novedoso en este apartado, especialmente por el alto porcentaje que se le imputa, no es tanto que no se haya dado a la cantera de Aboño el papel que se le asignaba, sino las causas de la falta de disponibilidad. Buendía desveló ayer que la Autoridad Portuaria de Gijón firmó con responsables de HC Energía un compromiso, el día 26 de julio de 2004, para utilizar dicha cantera, y así se puso de manifiesto en las bases del concurso de ampliación, de forma que todas las constructoras interesadas pudieran tenerlo en cuenta.
El caso es que menos de un año más tarde, cuando las obras de El Musel requerían un aprovisionamiento rápido de piedra, para aprovechar la temporada estival y hacer avanzar el Dique de Torres, se encontró con que sólo una de las tres canteras próximas, la de La Hoya, estaba disponible. La de Aboño permanecía inutilizable no sólo por la construcción de la planta de desulfuración de HC, sino también por la licencia de investigación concedida por el Principado. No obstante, el consejero quitó ayer importancia a esa circunstancia, porque dicho derecho se pudo haber expropiado, como se hizo posteriormente. El problema es que no se podía trabajar en la cantera porque al pie de la misma estaba en marcha la planta de desulfuración de HC. Aunque las explicaciones de Buendía apuntaron directamente al incumplimiento de su compromiso por Hidrocantábrico, el consejero se mostró más comprensivo que crítico con la eléctrica y buscó justificación a su actitud en la necesidad que los acuerdos de Kioto imponen de tener resuelta la desulfuración a principios de 2008.
El caso es que HC aplazó hasta la primavera de 2007 la posibilidad de explotar la cantera de Aboño, que actualmente está operativa, pero dos años después de comenzar las obras de ampliación.
Otra de las canteras que estaba previsto utilizar, la de Perecil, no llegó a obtener licencia de explotación y sigue inoperativa, en este caso no tanto por voluntad de la propiedad como por la normativa aplicable.
Respecto a las mejoras en el proyecto de ampliación, a las que se achaca un sobrecoste del 6% (cerca de 35 millones de euros), Buendía explicó que se había cambiado el entronque de los diques de Torres (construido en escollera) y Norte, (formado por cajones), para proporcionarle mayor eficacia frente el oleaje.
Asimismo, el 2% del incremento que el Principado considera justificado (11,5 millones, aproximadamente) se deben a daños causados por el oleaje. En ese sentido, Buendía dijo que, por supuesto, se tuvo en cuenta que la obra se ejecuta en el Cantábrico, pero los temporales de febrero y marzo de 2007 «fueron los peores en los últimos 40 años» y, en esas condiciones, «puede que los daños no puedan ser dejados a riesgo y ventura del contratista» con el riesgo de que nadie puje por una obra marítima «innovadora y pionera en su especie» como es la de ampliación del puerto de El Musel.
Plazos
Buendía también habló ayer de dos tipos de plazos. Los del Gobierno y del puerto, y los de la obra. En el primer caso, el consejero aseguró que, aunque desde el comienzo de las obras estaba claro que habría un sobrecoste, por la lejanía ya citada de las canteras, no se consideró oportuno dar cuenta de ello porque la Unión Europea sólo admite un modificado y se optó por esperar a que la obra esté suficientemente avanzada para presentar en Bruselas la nueva planificación, sin riesgo ya de que las cosas vuelvan a cambiar.
Respecto a los plazos de las obras, Buendía dio a entender que el modificado, que tiene que contar con conformidad europea, puede afectar también al plazo de ejecución, pero sin perjudicar a los proyectos vinculados al 'superpuerto', como la regasificadora o la central de ciclo combinado de Aboño. Otros proyectos, como las fábricas de biodiésel, no están previstas en terreno de la ampliación.
Financiación
El consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de Asturias comenzó y terminó su intervención en la Junta General con una frase lacónica: «El 'superpuerto' no hay quien lo pare». Con el objetivo de tranquilizar y convencer a la oposición argumentó que hay un compromiso claro del secretario general de Transportes, Fernando Palao; del presidente del ente público Puertos del Estado, Mariano Navas, y de la propia Autoridad Portuaria de Gijón de que se hallará financiación.
No dijo, sin embargo, cómo se hará frente al sobrecoste estimado en unos 320 millones de euros.
Tanto Fomento como el Principado confían en que la Unión Europea acepte el modificado que se encuentra en fase de redacción y participe en la financiación del sobrecoste.
