OPINIÓN ARTICULOS
¿Hacia una 'Conserjería' de Educación?
CUANDO se pregunta a la ciudadanía por las cuestiones que definen el Estado de bienestar, sanidad y educación son las más citadas. Esto es así pues no en vano existen ministerios, consejerías y concejalías que se ocupan de la gestión de una y otra. Lógico, habida cuenta del número de hospitales, centros de salud, escuelas, institutos, etcétera, así como del importante número de personas que en ellos trabajan (personal sanitario, docente, administrativo ). En Asturies, y tan sólo en la educación pública no universitaria, hay casi 400 centros y más de 12.000 trabajadores docentes y no docentes. A nadie se le escapa la complejidad de la organización, provisión de puestos de trabajo y demás que tal despliegue conlleva. Uno de los temas más complejos es el relativo a la política de personal. Desde el año 2000 en que se transfirieron a Asturies las competencias en Educación, dicha política de personal era desarrollada por la cconsejería correspondiente -es decir, la de Educación- y negociada con los sindicatos educativos representativos en función de las elecciones sindicales (en la que denominamos Mesa Sectorial de Educación). Lo escrito hasta ahora es tan de Pero Grullo que produciría cierto sonrojo explicarlo si no fuera porque el Gobierno asturiano (y sólo él) ha decidido que los temas de política de personal en Educación pasen a la Consejería de Administraciones Públicas y no se debatan en la Mesa Sectorial de Educación, sino en la Mesa General de Función Pública (la que representa al conjunto del funcionariado, administrativo, docente, sanitario ).
El desatino es de tal calibre que la explicación sólo tiene lógica política. Es una decisión de Gobierno para marginar a los representantes del profesorado de las negociaciones que les atañen. Pretenden llevar a cabo estas políticas en 'petit comité' con organizaciones con las que tiene un aire de familia y con las que es más fácil llegar a acuerdos. Sobran los interlocutores molestos.
El asunto tiene un notable y desgraciado precedente: la publicación en mayo, por parte de Administraciones Públicas, de una resolución solicitando a buena parte de los empleados públicos de Asturies la adhesión a una 'carrera profesional' de la que nadie en Educación había hablado ni pedido y sin precedentes en el Estado español (de hecho, falta la cobertura legal en la que encajarla). Dicha resolución fue y es rechazada por parte de la mayoría sindical en Educación en Asturies. En junio hubo una convocatoria de huelga por parte de SUATEA, CCOO y CSI-CSIF. Se presentaron demandas judiciales (SUATEA, CSI-CSIF, USO ) y, casi como un punto y siguido, una intervención judicial la paralizó cautelarmente a instancias de la Corriente Sindical de Izquierda.
Ante esta usurpación de funciones, amparada en dos decretos publicados en verano relativos a dichas consejerías, por los que la política de personal de la Consejería de Educación se transfiere a la de Administraciones Públicas (salvo para lo que ésta delegue), el desposeído consejero de Educación, señor Iglesias Riopedre, ha permanecido mudo. Mudo ante la comunidad educativa, ante los sindicatos del sector y ante la Junta de Personal (compuesta por las delegadas y delegados elegidos por el profesorado hace tan sólo un año), pese a las reiteradas peticiones efectuadas solicitando una reunión.
Pero este silencio no es nuevo; en realidad, lleva meses desaparecido: en pleno conflicto por la resolución sobre la carrera profesional, nunca dio la cara ante el profesorado o sus representantes. Cuando fue desposeído de parte de sus funciones este verano, no dio ninguna explicación. Ahora que se convoca una Mesa General de la Función Pública para tratar temas exclusivamente de Educación y de la que se expulsa a la presidenta de la Junta de Personal Docente y delegada por SUATEA y al delegado y presidente de CSI-CSIF -invitados como asesores por un sindicato sanitario-, el señor consejero tampoco dice nada. Señor Iglesias Riopedre, el personal docente necesita de una consejería y de un consejero con plenos poderes con quien negociar todos los temas relativos a Educación y una administración educativa democrática que dialogue con los representantes del profesorado. Por desgracia, nada de eso es así. Un consejero que nos da la espalda, al que sólo vemos por la prensa (con obispos, centros concertados o dando vagas explicaciones sobre las bondades de una 'carrera profesional' que es incapaz de explicar) no nos sirve ni sirve a la educación pública asturiana. Queremos una auténtica Consejería de Educación, no una'Conserjería' de otra Consejería. Por eso, señor Iglesias Riopedre, le pedimos: ¿dimita usted!
El desatino es de tal calibre que la explicación sólo tiene lógica política. Es una decisión de Gobierno para marginar a los representantes del profesorado de las negociaciones que les atañen. Pretenden llevar a cabo estas políticas en 'petit comité' con organizaciones con las que tiene un aire de familia y con las que es más fácil llegar a acuerdos. Sobran los interlocutores molestos.
El asunto tiene un notable y desgraciado precedente: la publicación en mayo, por parte de Administraciones Públicas, de una resolución solicitando a buena parte de los empleados públicos de Asturies la adhesión a una 'carrera profesional' de la que nadie en Educación había hablado ni pedido y sin precedentes en el Estado español (de hecho, falta la cobertura legal en la que encajarla). Dicha resolución fue y es rechazada por parte de la mayoría sindical en Educación en Asturies. En junio hubo una convocatoria de huelga por parte de SUATEA, CCOO y CSI-CSIF. Se presentaron demandas judiciales (SUATEA, CSI-CSIF, USO ) y, casi como un punto y siguido, una intervención judicial la paralizó cautelarmente a instancias de la Corriente Sindical de Izquierda.
Ante esta usurpación de funciones, amparada en dos decretos publicados en verano relativos a dichas consejerías, por los que la política de personal de la Consejería de Educación se transfiere a la de Administraciones Públicas (salvo para lo que ésta delegue), el desposeído consejero de Educación, señor Iglesias Riopedre, ha permanecido mudo. Mudo ante la comunidad educativa, ante los sindicatos del sector y ante la Junta de Personal (compuesta por las delegadas y delegados elegidos por el profesorado hace tan sólo un año), pese a las reiteradas peticiones efectuadas solicitando una reunión.
Pero este silencio no es nuevo; en realidad, lleva meses desaparecido: en pleno conflicto por la resolución sobre la carrera profesional, nunca dio la cara ante el profesorado o sus representantes. Cuando fue desposeído de parte de sus funciones este verano, no dio ninguna explicación. Ahora que se convoca una Mesa General de la Función Pública para tratar temas exclusivamente de Educación y de la que se expulsa a la presidenta de la Junta de Personal Docente y delegada por SUATEA y al delegado y presidente de CSI-CSIF -invitados como asesores por un sindicato sanitario-, el señor consejero tampoco dice nada. Señor Iglesias Riopedre, el personal docente necesita de una consejería y de un consejero con plenos poderes con quien negociar todos los temas relativos a Educación y una administración educativa democrática que dialogue con los representantes del profesorado. Por desgracia, nada de eso es así. Un consejero que nos da la espalda, al que sólo vemos por la prensa (con obispos, centros concertados o dando vagas explicaciones sobre las bondades de una 'carrera profesional' que es incapaz de explicar) no nos sirve ni sirve a la educación pública asturiana. Queremos una auténtica Consejería de Educación, no una'Conserjería' de otra Consejería. Por eso, señor Iglesias Riopedre, le pedimos: ¿dimita usted!
