Es inadmisible que el presidente venezolano se atreva a sugerir la implicación del rey Juan Carlos en el episodio golpista que le arrebató el poder por unas horas en 2002. Como es inaceptable que ante la opinión pública iberoamericana se tilde de sospechosa la actuación de las empresas de matriz española presentes allí, cuya obligación es obrar según la ley de cada país, pero sin que ello las silencie cuando consideren que esas normas entran en colisión con la necesaria racionalidad económica en un mundo globalizado. Claro está que el Gobierno en ningún caso debería dejarse guiar por tales exabruptos en la réplica que dichos pronunciamientos merecen. Pero tampoco puede obviar, en nombre de una supuesta diplomacia, ofensas y descalificaciones que, en el fondo, van dirigidas contra todos los españoles. Es probable que la llamada a consultas al embajador en Caracas no sea la medida más oportuna para reconducir la situación. Pero silenciar la indignación o restar importancia a lo ocurrido sólo servirá para que el artífice del petropopulismo se envalentone y se anime a reincidir en la provocación.





