El Ministerio Público considera que, por la desidia profesional de los tres militares, la mitad de los cuerpos pasaron meses bajo lápidas que no respondían a sus nombres y que, sólo tras el cambio de Gobierno, fueron desenterrados, analizados sus ADN e intercambiados para que las familias tuviesen en su poder a sus auténticos seres queridos. Algunos cuerpos, de hecho, ya habían sido incinerados.
El fiscal utiliza todos estos argumentos y acusa a los tres imputados de un delito de falsedad documental de los certificados de defunción y de las necropsias, que está sancionado con penas de entre uno y seis años de prisión.
Con esta reclamación, la Fiscalía da por cerrada la investigación sobre las negligencias en la identificación de las víctimas del Yakolev-42, fija como únicos culpables a los mandos militares enviados a Turquía por el ex ministro Federico Trillo y decide no reclamar responsabilidad penal alguna a miembros del Gobierno de entonces o altos responsables del Ministerio de Defensa.





