GIJÓN
Sobrecostes
14.11.07 -
CON la entrada del euro se ha generado un cierto efecto de adormecimiento mental, provocado por la desaparición de la retahíla de ceros que acompañan a las cifras que señalan valores y precios. Quizá esto explique el hecho de que, a pesar de la sucesión de noticias que se vienen produciendo sobre los desbarajustes presupuestarios que sufren las obras públicas en Asturias, y más allá del circuito de los políticos de la oposición prestos a saltar a la yugular del contrario, no haya calado aún en el conjunto de la ciudadanía una sensación de perplejidad y desamparo como la que a este humilde escribiente le asalta.
Desbarajuste cobijado bajo la palabreja sobrecostes, término utilizado con fruición en la reforma del teatro de la Laboral, en el nuevo Hospital Central de Asturias y sobremanera en la ampliación del puerto de El Musel, la madre de todos los sobrecostes, donde la desviación alcanza la bonita suma de unos 210 millones de euros (un 40% más de lo inicialmente presupuestado). Conviértanlo en pesetas y sabrán que hablamos de unos 35.000 millones de pesetas. Nada, una fruslería, equivalente al presupuesto de Educación en Asturias durante cinco años o a nuestra inversión en I+D durante diez años.
La perplejidad aumenta si las razones que se aducen para este despropósito son las del incremento de costos de transporte por la imposibilidad de contar con los materiales de una cantera próxima. Varios interrogantes surgen inmediatamente: ¿quién es el responsable de las previsiones fallidas? ¿A cuánto sale la tonelada de piedra enterrada en el mar? Y la sensación de desamparo cunde cuando uno advierte que la obra se ha gestionado por alguien tan ajeno al control político de los ciudadanos como una Autoridad Portuaria, pero que, sin embargo, va a nutrirse fundamentalmente de fondos públicos, luego salidos de los bolsillos de todos, y además lee que el señor consejero de Infraestructuras finaliza sus explicaciones con la lacónica frase de que «el superpuerto no hay quien lo pare». Resumen de toda una filosofía, la que se ha enseñoreado de los últimos años de gestión política el reino del como sea, cueste lo que cueste, da igual ocho que ochenta, que diría un castizo.
Uno hubiese deseado que el señor consejero se hubiese mostrado también preocupado por el rigor y la eficiencia en el manejo de los dineros públicos y no sólo por despejar las dudas sobre la continuidad de la obra, pero está visto que conceptos como rigor y austeridad no están de moda.
Resulta curioso que desviaciones de gasto que en cualquier empresa privada provocarían el inmediato cese de sus administradores, en nuestros gestores públicos no provoquen el mínimo sobresalto. Claro que una empresa privada se enfrenta a la quiebra o a la desaparición y, por el contrario, los fondos públicos, ya se sabe, son inextinguibles.
Por ello, sería bueno hablar sobre costes, pero sobre los de la política que unos y otros vienen haciendo desde hace más de veinte años en Asturias. Una política que ha vivido exclusivamente de la ejecución de grandes infraestructuras, como si un catálogo de obras en curso fuese el único balance a la hora de presentarse ante los ciudadanos. Política agotada ya, máxime cuando la transferencia de fondos de la Unión Europea toca a su fin y la del Estado, ante las reformas en curso, peligra. Y hablar también sobre los costes de oportunidad que han supuesto la orientación de las ingentes cantidades de dinero que Asturias ha recibido hacia un determinado tipo de inversiones, en detrimento de otras. Resulta forzoso hacer balance sobre si ha servido para modificar nuestra estructura productiva y económica, tan golpeada a finales de los 70 y 80 del siglo pasado.
Son las exigencias básicas de la sobriedad y rigor en la gestión de la res pública que debemos pedir a nuestros representantes, aunque no esté de moda. Y es que la condición de político es algo más, mucho más, que la de ingeniero o director de obras, condición, por otro lado, tan querida por muchos de ellos.
Desbarajuste cobijado bajo la palabreja sobrecostes, término utilizado con fruición en la reforma del teatro de la Laboral, en el nuevo Hospital Central de Asturias y sobremanera en la ampliación del puerto de El Musel, la madre de todos los sobrecostes, donde la desviación alcanza la bonita suma de unos 210 millones de euros (un 40% más de lo inicialmente presupuestado). Conviértanlo en pesetas y sabrán que hablamos de unos 35.000 millones de pesetas. Nada, una fruslería, equivalente al presupuesto de Educación en Asturias durante cinco años o a nuestra inversión en I+D durante diez años.
La perplejidad aumenta si las razones que se aducen para este despropósito son las del incremento de costos de transporte por la imposibilidad de contar con los materiales de una cantera próxima. Varios interrogantes surgen inmediatamente: ¿quién es el responsable de las previsiones fallidas? ¿A cuánto sale la tonelada de piedra enterrada en el mar? Y la sensación de desamparo cunde cuando uno advierte que la obra se ha gestionado por alguien tan ajeno al control político de los ciudadanos como una Autoridad Portuaria, pero que, sin embargo, va a nutrirse fundamentalmente de fondos públicos, luego salidos de los bolsillos de todos, y además lee que el señor consejero de Infraestructuras finaliza sus explicaciones con la lacónica frase de que «el superpuerto no hay quien lo pare». Resumen de toda una filosofía, la que se ha enseñoreado de los últimos años de gestión política el reino del como sea, cueste lo que cueste, da igual ocho que ochenta, que diría un castizo.
Uno hubiese deseado que el señor consejero se hubiese mostrado también preocupado por el rigor y la eficiencia en el manejo de los dineros públicos y no sólo por despejar las dudas sobre la continuidad de la obra, pero está visto que conceptos como rigor y austeridad no están de moda.
Resulta curioso que desviaciones de gasto que en cualquier empresa privada provocarían el inmediato cese de sus administradores, en nuestros gestores públicos no provoquen el mínimo sobresalto. Claro que una empresa privada se enfrenta a la quiebra o a la desaparición y, por el contrario, los fondos públicos, ya se sabe, son inextinguibles.
Por ello, sería bueno hablar sobre costes, pero sobre los de la política que unos y otros vienen haciendo desde hace más de veinte años en Asturias. Una política que ha vivido exclusivamente de la ejecución de grandes infraestructuras, como si un catálogo de obras en curso fuese el único balance a la hora de presentarse ante los ciudadanos. Política agotada ya, máxime cuando la transferencia de fondos de la Unión Europea toca a su fin y la del Estado, ante las reformas en curso, peligra. Y hablar también sobre los costes de oportunidad que han supuesto la orientación de las ingentes cantidades de dinero que Asturias ha recibido hacia un determinado tipo de inversiones, en detrimento de otras. Resulta forzoso hacer balance sobre si ha servido para modificar nuestra estructura productiva y económica, tan golpeada a finales de los 70 y 80 del siglo pasado.
Son las exigencias básicas de la sobriedad y rigor en la gestión de la res pública que debemos pedir a nuestros representantes, aunque no esté de moda. Y es que la condición de político es algo más, mucho más, que la de ingeniero o director de obras, condición, por otro lado, tan querida por muchos de ellos.
