Uno de los objetivos que se trata de alcanzar con este nuevo registro es determinar la entrada en él únicamente de aquellas organizaciones cuya actividad principal sea la cooperación al desarrollo.
El Principado pone así de manifiesto su interés porque los recursos disponibles «se utilicen para la cooperación de una forma selectiva y concentrada, en programas y proyectos que incidan de forma clara en facilitar a una determinada comunidad o sociedad el acceso a los medios para mejorar de una forma sostenible las condiciones de vida actuales y futuras».
El decreto marca un plazo de tres meses desde su entrada en vigor para que las ONGs inscritas en el registro actual adapten su documentación.





