ASTURIAS
El Principado negocia un sobrecoste para el HUCA inferior al 20% para evitar un nuevo concurso
El pliego de condiciones de la obra de La Cadellada recoge como causa de extinción del contrato la introducción de modificaciones de obra superiores a ese porcentaje. Gispasa tiene potestad para "aumentar, sustituir o suprimir unidades no previstas", siempre y cuando no superen "el 20 por 100 del precio primitivo"
15.11.07 - 12:58 -
Las obras del nuevo hospital en la Cadellada. / P. Citoula
Laura Fonseca / Gijón
El Principado negocia con las constructoras del futuro HUCA un sobrecoste que no supere el 20% del presupuesto de adjudicación para evitar la convocatoria de un nuevo concurso de licitación. Según pudo saber EL COMERCIO, el pliego de condiciones de la obra de La Cadellada recoge como causa de extinción del contrato la introducción de modificados superiores al 20% del precio de adjudicación, que en el caso del proyecto del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) fue de 205,3 millones de euros.
El documento redactado en 2004 por Gispasa –empresa creada por el Principado para impulsar el HUCA– es muy preciso sobre los motivos que deben concurrir para rescindir el contrato del futuro hospital y convocar, en su defecto, un nuevo concurso de obra.
El pliego de cláusulas administrativas del HUCA detalla un total de veintiún causas. El modificado de obra, como el que ahora negocian las empresas y el Principado, y cuyos desacuerdos económicos han llevado a la UTE a ralentizar los trabajos, aparece en decimotercer lugar. En concreto, el articulado indica que la relación contractual entre las partes se extinguiría cuando «las modificaciones en el contrato, –aunque fueran sucesivas–, impliquen aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del IVA».
Asimismo, el pliego de condiciones se refiere también como modificados contractuales a aquellos cambios en el proyecto original que «representen una alteración sustancial» del mismo. Gispasa entiende como alteración sustancial cuando las modificaciones autorizadas afectan a «las características básicas del proyecto original, así como a la sustitución de unidades de obra en, al menos, el 30% del precio primitivo».
Estos condicionantes, que también vienen recogidos en la ley estatal sobre adjudicación de obras públicas, son los que parecen haber llevado al Principado a situar el techo de la negociación en el 20% del presupuesto de la obra, lo que viene a suponer un desembolso de 41 millones de euros. Por contra, las empresas, integradas en la UTE formada por Sacyr, Constructora San José y Sánchez y Lago, reclaman un incremento presupuestario de entre un 30 y un 50% (de 60 a 100 millones de euros).
Posibilidad no deseada
El documento contractual firmado entre Gispasa y la UTE como paso previo al inicio de las obras, en junio de 2005, recoge que el Principado tiene potestad para modificar el proyecto «aumentando, reduciendo, sustituyendo o suprimiendo unidades no previstas», siempre y cuando esos cambios no supongan el 20% del presupuesto de adjudicación.
En caso contrario, el Gobierno del Principado estaría obligado por ley a convocar un nuevo concurso, posibilidad que según pudo saber EL COMERCIO, no desean ninguna de las dos partes.
lfonseca@elcomerciodigital.com
