La comisión ha decidido prolongar el plazo al no haber cerrado la investigación, que corre a cargo de Antonio José Fonseca, presidente de la sala de lo Contencioso del Tribunal de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid. Será durante el mes de febrero cuando la Comisión Disciplinaria decida la sanción de la Hevia, quien podría ser incluso expulsada de su cargo.
Según el informe de la Inspección que ha dado lugar a las medidas disciplinarias -elaborado el pasado mes de junio-, la ex decana de los tribunales gijoneses acumula 148 sentencias sin dictar. La mayoría corresponde a juicios celebrados en los años 2005 y 2006. El órgano de gobierno de los jueces, el Consejo del Poder Judicial, imputa a la jueza una falta muy grave por las dilaciones y otra por no responder a los requerimientos de la información, aunque deja a criterio del juez instructor del expediente calificar la segunda de grave o leve.
EL COMERCIO se puso ayer en contacto con Rosario Hevia, si bien la magistrada eludió hacer comentario alguno al respecto.
Fuentes judiciales consideran «muy difícil» que sea apartada de la carrera judicial, pues esa medida se aplica sólo en situaciones extremas a magistrados que acumulan varias faltas muy graves, como el ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, acusado de mediar a favor de un narcotraficante.
El Consejo General del Poder Judicial carece de indicios para determinar la causa de la existencia de tal volumen de sentencias sin dictar correspondientes a los tres últimos años.





