El representante del Ministerio Fiscal pidió al juez una comparecencia para «acordar la prisión provisional comunicada y sin fianza» de la mujer, condenada, junto a su pareja sentimental y su suegra, de introducir casi 300 kilos de cocaína en barco desde Colombia. Los tres deberán abonar 90 millones de euros en concepto de multa.
El fiscal, que durante el proceso judicial ya había solicitado su ingreso en la cárcel, considera que «existe un elevado riesgo de fuga» y que podría utilizar los beneficios obtenidos del negocio ilícito para huir. «La falta de reconocimiento de los hechos por parte de la condenada induce a pensar una posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia a la vista de la sentencia condenatoria», explica Perals en el escrito remitido a la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón.
El Ministerio Fiscal afirma que la sentencia es «definitiva» y contra la misma «sólo cabe un recurso extraordinario, el de casación, que no puede atacar los hechos declarados probados en la sentencia ahora dictada».
La misma medida, el ingreso en prisión, se solicita para otro de los condenados, Francisco Juan R., sobre el que ha recaído una pena de once años de prisión. El imputado reside en el País Vasco, con lo que el escrito del fiscal se ha cursado a la Audiencia Provincial de dicha comunidad.
Vínculos en Brasil
El fiscal antidroga de Asturias mantiene que Covadonga P. F. sigue manteniendo vínculos con el extranjero, pues la persona que introducía junto con ella la droga en España, y que aun no se encuentra a disposición de la justicia en España, es de nacionalidad brasileña. Su pareja sentimental José Alfredo A. G., condenado por el mismo delito a nueve años de prisión, residió durante años en ese país.
Bernardo Donapetry, juez de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, condenó a un total de 54 años a ocho de los nueve imputados en la denominada 'operación Cantábrico'. A otra de las presuntas implicadas la ha absuelto al no encontrar pruebas inculpatorias.
Según se recoge en la sentencia, los tres residentes en Gijón trajeron cocaína oculta en grandes piedras de granito y posteriormente la vendieron a varias personas en el País Vasco. La investigación se llevó a cabo en 2005 y se saldó con nueve detenidos, de los cuales, uno -José Alfredo A. G.- estaba en prisión.





