Politica
Areces sufre una severa derrota en la Junta General al apoyar el PP la Ley de Asturianía de IU
Será la primera norma de rango legal, desde la de Cajas, que apruebe la Junta en contra del criterio del Gobierno Los socialistas afirman que el texto no tiene el apoyo de los centros asturianos
VOTACIÓN. Momento en el que se produce la aprobación de la proposición de ley de IU. / EFE
Al tercer intento, Izquierda Unida ha conseguido que, por primera vez en esta legislatura, la Junta General del Principado decida aprobar una ley, la de Asturianía en el Exterior, en contra del criterio de su grupo mayoritario, el socialista. El Parlamento asturiano había rechazado tomar en consideración las proposiciones de ley de la coalición para modificar la Ley de Medios de Comunicación Social, el pasado mes de octubre, y para incluir la liberalización del peaje del Huerna en el Plan Sectorial de Carreteras, hace quince días. Pero ayer el PP decidió respaldar al grupo minoritario y los votos de ambas formaciones de la oposición se impusieron a los del PSOE, que verá por segunda vez desde que es presidente Vicente Álvarez Areces (la primera fue la polémica Ley de Cajas, en la que el grupo socialista votó dividido) cómo sale adelante una iniciativa legislativa que tiene el criterio desfavorable del Gobierno regional.
La votación de ayer no implica una aprobación del texto legal propuesto por Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes, ya que ahora debe iniciarse una tramitación parlamentaria que incluye la constitución de una ponencia, la celebración de comparecencias informativas y la votación de posibles enmiendas parciales al articulado que podrían modificar sustancialmente los contenidos de la proposición. Sin embargo, ya no caben enmiendas a la totalidad que impliquen la devolución de la ley, por lo que su aprobación, con la redacción que sea, ya es segura -salvo en el supuesto de que antes se produjese la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones anticipadas-.
La presentación de iniciativas legislativas por parte de IU ha sido uno de los motivos recurrentes de confrontación con el PSOE desde que los dos ex socios de gobierno rompieron las negociaciones que mantuvieron para tratar de reeditar su pacto en la actual legislatura. El portavoz socialista en la Junta, Fernando Lastra, recriminó en repetidas ocasiones a la coalición que tratase, con cuatro diputados, de marcar el calendario de una producción legal cuya iniciativa cree que debe tomar el Gobierno del Principado. Ayer insistió en ese argumento su compañera Adriana Lastra, encargada en el pleno de fijar la posición de su grupo, pero resultó inútil ante la decisión del PP de votar a favor de la propuesta de IU.
Esta derrota socialista llega en el momento en que más tensas son las relaciones con su antiguo socio, tras las declaraciones de rechazo al proyecto de Presupuestos Generales del Principado efectuadas por los principales dirigentes de la coalición y los reproches con que les contesta el PSOE, culpándoles de los problemas que para la comunidad autónoma puedan derivarse de una prórroga presupuestaria.
Impulso social
Francisco Javier García Valledor, que desde su cargo de consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores tenía encomendada la legislatura pasada la redacción del proyecto de una Ley de Asturianía que sustituyese a la vigente de 1984, fue ayer el encargado de defender el texto, esta vez como proposición de IU, desde la tribuna de oradores de la Junta. Valledor hizo una amplia exposición de los contenidos de su propuesta, que resumió diciendo que busca «hacer partícipes a nuestra gente del exterior del impulso social que se ha dado en Asturias en los últimos años».
Así, para los emigrantes retornados, se reconoce el derecho a la percepción del Salario Social Básico, la cobertura residencial a los mayores y el acceso a la vivienda, mientras que para los que aún residen en el exterior se contemplan programas de ayuda económica a quienes estén en situación de emergencia, cobertura sanitaria, plazas en residencias para mayores y atención a las personas con discapacidades.
Otra novedad destacada es que se permite a las comunidades asturianas que reconozcan la condición de «asturianos de adopción» a aquellas personas «que se caractericen por la defensa de la cultura, la lengua, la identidad o los valores sociales de Asturias». Estas personas podrán participar en las comunidades asturianas y acceder a los programas de promoción cultural impulsados por el Principado.
Valledor rechazó los dos argumentos por los que el Consejo de Gobierno expresó formalmente su criterio desfavorable a la proposición, que fueron la necesidad de que la norma «vaya precedida de la activa participación» del Consejo de Comunidades Asturianas y los centros asturianos, por un lado, y que debería contar con el apoyo de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), por otro. Unos y otra intervinieron activamente en la preparación del borrador de la ley, según el ex consejero.
Sin carta blanca
Por parte del PP, la diputada Elma Alonso comenzó su intervención en la fijación de posiciones anunciando el voto favorable de su grupo a la propuesta, porque «nos parece un asunto muy importante y es necesario debatirlo». Pero de inmediato señaló que ese apoyo «no significa dar carta blanca a todo su contenido», puesto que el PP presentará, como se desprende de sus palabras, numerosas enmiendas parciales.
Así, Alonso criticó desde la redacción de la exposición de motivos hasta las excesivas referencias del texto a la lengua asturiana, pasando por la creación de la figura de los asturianos de adopción, ya que en su opinión debe evitarse que «personas no asturianas accedan a puestos directivos» en las comunidades. Adelantó, además, una propuesta de los populares, que creen que el Consejo de Comunidades Asturianas debe depender de la Junta General y no del Gobierno, «para evitar cualquier manipulación política que pueda darse, y que se está dando», por parte del Ejecutivo.
La socialista Adriana Lastra explicó, por su parte, que su grupo se opone a la proposición porque quiere para la ley «consenso y orden». El primero debe darse, a su juicio, tanto entre los asturianos en el exterior y sus organizaciones -replicó a Valledor que la FICA se opone a su proyecto- como entre los grupos parlamentarios. Y respecto al orden, recordó que esta ley desarrolla un precepto del Estatuto y afirmó que no tiene sentido aprobarla antes de que culmine la reforma en marcha de este último.
En la votación, la proposición se aprobó con 22 votos a favor, 21 en contra y una abstención, debida a un error del popular Luis Peláez.
La votación de ayer no implica una aprobación del texto legal propuesto por Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes, ya que ahora debe iniciarse una tramitación parlamentaria que incluye la constitución de una ponencia, la celebración de comparecencias informativas y la votación de posibles enmiendas parciales al articulado que podrían modificar sustancialmente los contenidos de la proposición. Sin embargo, ya no caben enmiendas a la totalidad que impliquen la devolución de la ley, por lo que su aprobación, con la redacción que sea, ya es segura -salvo en el supuesto de que antes se produjese la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones anticipadas-.
La presentación de iniciativas legislativas por parte de IU ha sido uno de los motivos recurrentes de confrontación con el PSOE desde que los dos ex socios de gobierno rompieron las negociaciones que mantuvieron para tratar de reeditar su pacto en la actual legislatura. El portavoz socialista en la Junta, Fernando Lastra, recriminó en repetidas ocasiones a la coalición que tratase, con cuatro diputados, de marcar el calendario de una producción legal cuya iniciativa cree que debe tomar el Gobierno del Principado. Ayer insistió en ese argumento su compañera Adriana Lastra, encargada en el pleno de fijar la posición de su grupo, pero resultó inútil ante la decisión del PP de votar a favor de la propuesta de IU.
Esta derrota socialista llega en el momento en que más tensas son las relaciones con su antiguo socio, tras las declaraciones de rechazo al proyecto de Presupuestos Generales del Principado efectuadas por los principales dirigentes de la coalición y los reproches con que les contesta el PSOE, culpándoles de los problemas que para la comunidad autónoma puedan derivarse de una prórroga presupuestaria.
Impulso social
Francisco Javier García Valledor, que desde su cargo de consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores tenía encomendada la legislatura pasada la redacción del proyecto de una Ley de Asturianía que sustituyese a la vigente de 1984, fue ayer el encargado de defender el texto, esta vez como proposición de IU, desde la tribuna de oradores de la Junta. Valledor hizo una amplia exposición de los contenidos de su propuesta, que resumió diciendo que busca «hacer partícipes a nuestra gente del exterior del impulso social que se ha dado en Asturias en los últimos años».
Así, para los emigrantes retornados, se reconoce el derecho a la percepción del Salario Social Básico, la cobertura residencial a los mayores y el acceso a la vivienda, mientras que para los que aún residen en el exterior se contemplan programas de ayuda económica a quienes estén en situación de emergencia, cobertura sanitaria, plazas en residencias para mayores y atención a las personas con discapacidades.
Otra novedad destacada es que se permite a las comunidades asturianas que reconozcan la condición de «asturianos de adopción» a aquellas personas «que se caractericen por la defensa de la cultura, la lengua, la identidad o los valores sociales de Asturias». Estas personas podrán participar en las comunidades asturianas y acceder a los programas de promoción cultural impulsados por el Principado.
Valledor rechazó los dos argumentos por los que el Consejo de Gobierno expresó formalmente su criterio desfavorable a la proposición, que fueron la necesidad de que la norma «vaya precedida de la activa participación» del Consejo de Comunidades Asturianas y los centros asturianos, por un lado, y que debería contar con el apoyo de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), por otro. Unos y otra intervinieron activamente en la preparación del borrador de la ley, según el ex consejero.
Sin carta blanca
Por parte del PP, la diputada Elma Alonso comenzó su intervención en la fijación de posiciones anunciando el voto favorable de su grupo a la propuesta, porque «nos parece un asunto muy importante y es necesario debatirlo». Pero de inmediato señaló que ese apoyo «no significa dar carta blanca a todo su contenido», puesto que el PP presentará, como se desprende de sus palabras, numerosas enmiendas parciales.
Así, Alonso criticó desde la redacción de la exposición de motivos hasta las excesivas referencias del texto a la lengua asturiana, pasando por la creación de la figura de los asturianos de adopción, ya que en su opinión debe evitarse que «personas no asturianas accedan a puestos directivos» en las comunidades. Adelantó, además, una propuesta de los populares, que creen que el Consejo de Comunidades Asturianas debe depender de la Junta General y no del Gobierno, «para evitar cualquier manipulación política que pueda darse, y que se está dando», por parte del Ejecutivo.
La socialista Adriana Lastra explicó, por su parte, que su grupo se opone a la proposición porque quiere para la ley «consenso y orden». El primero debe darse, a su juicio, tanto entre los asturianos en el exterior y sus organizaciones -replicó a Valledor que la FICA se opone a su proyecto- como entre los grupos parlamentarios. Y respecto al orden, recordó que esta ley desarrolla un precepto del Estatuto y afirmó que no tiene sentido aprobarla antes de que culmine la reforma en marcha de este último.
En la votación, la proposición se aprobó con 22 votos a favor, 21 en contra y una abstención, debida a un error del popular Luis Peláez.
