El juicio, en el que también están acusados otros siete ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) y el que fuera asesor jurídico del fallecido ex alcalde Jesús Gil, José Luis Sierra, fue suspendido el pasado mayo al no recibir notificación de su celebración la defensa de Roca.
Por este caso, Muñoz se enfrenta a una petición fiscal de dieciocho meses de cárcel y ocho años de inhabilitación, mientras que para Roca la acusación popular -representada por PSOE, IU y Los Verdes- solicita seis meses de prisión y veinte años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Los hechos se remontan a diciembre de 1996, cuando Muñoz firmó como alcalde accidental un acuerdo con la empresa Incopromar.





