Nacional
Llegan a Tenerife dos cayucos con 228 personas, todas en buen estado de salud
26.11.07 -
Ni las frías aguas del Atlántico en noviembre, ni el oleaje, ni el centenar de kilómetros de distancia con la costa han sido inconvenientes para que dos nuevas embarcaciones con 228 personas a bordo -18 de ellos menores- llegasen la noche del sábado y ayer a la isla de Tenerife. Los inmigrantes de origen subsahariano y senegalés fueron atendidos por los servicios médicos y se encuentras en buen estado de salud en un centro de internamiento.
El pasado viernes otras 75 personas, entre ellas cinco menores, llegaron al puerto de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. El primero de los cayucos con unos 170 inmigrantes a bordo, quince de ellos menores, llegaba hacia las diez de la noche al muelle de Los Abrigos sin ser detectado.
Al parecer, algunos de ellos se dispersaron por las calles del pueblo aunque fueron localizados por agentes de la policía. Uno de los adultos tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, mientras que el resto fue llevado a la comisaría de la playa de las Américas, en el municipio tinerfeño de Arona. Tres horas más tarde arribó al puerto de Los Cristianos otra embarcación con 58 inmigrantes varones entre los que viajaban dos menores de edad. El cayuco había sido avistado por un velero francés a unas trescientas millas al sur de El Hierro. Éste dio la voz de alarma y el buque de Salvamento Marítimo 'Conde de Gondomar' y a una patrullera de la Guardia Civil salieron a su encuentro.
Tráfico de seres humanos
Los tribunales españoles podrán perseguir a partir de pasado mañana las redes clandestinas de inmigrantes en todo el mundo, con independencia del lugar desde el que operen, donde se encuentren sus responsables o se hallen sus víctimas.
El Parlamento español, en un procedimiento a iniciativa del Gobierno que pasó inadvertido, reformó el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir el tráfico de seres humanos entre los delitos de jurisdicción universal, es decir, perseguibles de oficio por la Justicia española aunque hayan sido cometidos por ciudadanos extranjeros fuera del territorio nacional.
Hasta el miércoles, el Estado español carece de recursos jurídicos para combatir a las mafias que, desde territorio africano, riegan de pateras las costas del sureste o de las Islas Canarias. El papel de los tribunales quedaba reducido a controlar el proceso de expulsión de los clandestinos capturados.
El pasado viernes otras 75 personas, entre ellas cinco menores, llegaron al puerto de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. El primero de los cayucos con unos 170 inmigrantes a bordo, quince de ellos menores, llegaba hacia las diez de la noche al muelle de Los Abrigos sin ser detectado.
Al parecer, algunos de ellos se dispersaron por las calles del pueblo aunque fueron localizados por agentes de la policía. Uno de los adultos tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, mientras que el resto fue llevado a la comisaría de la playa de las Américas, en el municipio tinerfeño de Arona. Tres horas más tarde arribó al puerto de Los Cristianos otra embarcación con 58 inmigrantes varones entre los que viajaban dos menores de edad. El cayuco había sido avistado por un velero francés a unas trescientas millas al sur de El Hierro. Éste dio la voz de alarma y el buque de Salvamento Marítimo 'Conde de Gondomar' y a una patrullera de la Guardia Civil salieron a su encuentro.
Tráfico de seres humanos
Los tribunales españoles podrán perseguir a partir de pasado mañana las redes clandestinas de inmigrantes en todo el mundo, con independencia del lugar desde el que operen, donde se encuentren sus responsables o se hallen sus víctimas.
El Parlamento español, en un procedimiento a iniciativa del Gobierno que pasó inadvertido, reformó el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir el tráfico de seres humanos entre los delitos de jurisdicción universal, es decir, perseguibles de oficio por la Justicia española aunque hayan sido cometidos por ciudadanos extranjeros fuera del territorio nacional.
Hasta el miércoles, el Estado español carece de recursos jurídicos para combatir a las mafias que, desde territorio africano, riegan de pateras las costas del sureste o de las Islas Canarias. El papel de los tribunales quedaba reducido a controlar el proceso de expulsión de los clandestinos capturados.
