El Comercio Digital

LA comunidad internacional afrontará a partir del próximo lunes las repercusiones del cambio climático en la cumbre de la ONU en Bali, que se prevé determinante para fijar una nueva estrategia compartida que actualice el Protocolo de Kioto y que asuma, con su perentoria gravedad, el desafío del deterioro medioambiental. La disparidad de criterios sobre el impacto de la destrucción de nuestro entorno natural debe incentivar las investigaciones, pero no puede amparar ya la inacción ante un reto de dimensión global cuyas consecuencias despiertan un relevante consenso entre los científicos. Ayer mismo, dos informes de procedencia dispar, uno elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y otro entregado por un grupo de expertos al presidente Rodríguez Zapatero, coincidían en considerar irrefutables los riesgos que comporta el cambio climático y urgían a los distintos gobiernos a actuar porque no hacerlo puede provocar daños irreparables. Las dificultades para efectuar un diagnóstico común sobre un problema que plantea responsabilidades no coincidentes y que obliga a realizar prospecciones muy a largo plazo, lo que diluye sus efectos inmediatos, pueden llevar a la comunidad internacional a ralentizar su reacción o a no concederle los recursos precisos, cifrados por la ONU en un 1,6% anual del PIB mundial. Pero los especialistas creen que no encararlo multiplicará ese porcentaje por cinco, en las mejores previsiones, y por veinte, en las peores.

Afrontar el cambio climático implica tanto un compromiso colectivo, que necesariamente ha de ser más potente por parte de los países industrializados, como la renuncia a utilizarlo como un nuevo factor de desigualdad. Lo que en los estados más desarrollados supondría una obligada readecuación del modo de vida de sus ciudadanos, cuyo bienestar se ha cimentado en el consumo energético masivo, en los más desfavorecidos puede traducirse en la condena a la hambruna de 600 millones de personas y a la falta de agua de otros 1.800. Pero es que la amenaza de la desigualdad se cierne también a menor escala, según el grupo que asesora a Rodríguez Zapatero, entre las distintas comunidades españolas si no se frena un deterioro llamado a endurecer selectivamente nuestras condiciones medioambientales. La reducción en las emisiones de gases contaminantes en la Europa de los Quince, que se acerca al 8% contemplado en el Protocolo de Kioto, evidencia que es posible combinar el crecimiento económico con el respeto al entorno natural. El notorio incumplimiento por parte de España de los límites pactados obliga al Gobierno a sustituir el compromiso retórico por actuaciones eficaces que permitan avanzar en el uso de energías renovables y reducir la dependencia de las convencionales, contribuyendo a la revisión de los procesos productivos de las empresas, intensificando las campañas de sensibilización social y no eludiendo debates -como el de las centrales nucleares- sobre los que no existen dictámenes taxativos.