Habría que felicitarse, en primer lugar, de que la solidaridad ha existido y existe entre las distintas comunidades españolas y ha funcionado de manera casi perfecta durante el periodo estudiado. Tendríamos que haber subrayado que el crecimiento económico que se ha producido en las comunidades más pobres no habría sido posible sin las transferencias recibidas de las zonas más ricas. Y en este positivo contexto no debería de ser ningún problema utilizar el estudio para replantearse si, tras esta larga experiencia en el tiempo, tiene o no sentido mantener la situación actual. Parece claro que España y cada una de sus comunidades autónomas ha cambiado mucho en los últimos quince años, cuando se inició este estudio. La afluencia de inmigrantes y el crecimiento económico han cambiado por sí solos las necesidades y demandas de las comunidades, y no sólo de las menos ricas.
¿Tiene sentido que las transferencias de las zonas más ricas convierten a los ayuntamientos de algunos pueblos de las zonas más pobres en los principales empleadores? ¿Es lógico que otra comunidad, como Madrid, ceda más del 10 por ciento de su PIB a otras comunidades? ¿Es justo que, a la vista de estos balances fiscales algunas comunidades autónomas con saldos positivos (reciben más de lo que aportan), estén facilitando a sus habitantes unas prestaciones sociales de las que no disfrutan las comunidades más ricas? ¿Se puede mantener por más tiempo las peculiaridades de Navarra y el País Vasco que en nada contribuyen a una España solidaria?
No cabe ninguna duda de que el objetivo de la Fundación BBVA al publicar ese informe es servir de base para dar respuesta a estas cuestiones, pretensión imposible en los momentos que corren.
Cualquiera que sea el partido ganador en las próximas elecciones, haría bien en abordar las reformas necesarias, al principio de la legislatura, para que la solidaridad interterritorial siga funcionando.





