La visión que CC OO tiene del proyecto socialista es bastante crítica. Su secretario general, Antonio Pino, calificó de «moderadamente expansivo» el proyecto y criticó el «riesgo» que supone incluir en los ingresos previstos determinadas partidas que Asturias recibe con cargo al sistema de financiación autonómica. Eso refleja, a su juicio, «cierto ahogo financiero». Pino lamentó que el Gobierno no ha sido «más agresivo» en el diseño de la planificación económica «dado que Asturias crece menos que otras regiones», y señaló, a modo de análisis final, que el borrador necesita «un pulido y un revolcón».
El dirigente sindical hiló estos ataques con las relaciones entre PSOE e IU. Recordó que cuando la coalición estaba en el Gobierno las cuentas eran «más sociales e inversoras», mientras que ahora «se ve más la mano socialista». A su juicio, sería «bueno» para la región que el presupuesto prosperara, y apeló al acuerdo político en la medida en que el documento inicial «admite enmiendas desde la izquierda». Por último, retó a ambas formaciones a que, «sin buscar culpables», dejen atrás «el encabezonamiento de alguien que impidió reeditar el Gobierno de coalición». Eso sí, matizó que quien tiene la mayoría «debe hacer los mayores esfuerzos».
Las críticas de Comisiones Obreras, que cifró en 845 millones de euros la reducción de ingresos derivada de las exenciones fiscales aprobadas en los últimos años, se tornaron en elogios y en algún que otro velado reproche en el caso de la Unión General de Trabajadores. El sindicato aprobó una resolución en la que juzga «lógico y sensato» que las cuentas sean «aprobadas por la totalidad de la izquierda», en un llamamiento al entendimiento entre el PSOE e IU.
Crecimiento económico
La citada resolución, en la línea de lo planteado por su secretario general, Justo Rodríguez Braga, en su intervención en la Junta General, concluye que el proyecto socialista «contribuye a consolidar el crecimiento económico y laboral» experimentado en la región en los últimos años. Es, a su juicio, una previsión económica «equilibrada» que combina las políticas de carácter social con aquellas «orientadas a favorecer el desarrollo productivo».
UGT aprecia algunos 'puntos negros' que, no obstante, considera «fácilmente mejorables» durante el proceso de enmiendas. A juicio de Rodríguez Braga, en este capítulo se pueden encuadrar las políticas de vivienda, la necesidad de incrementar la disponibilidad de suelo industrial o la construcción de más equipamientos sociales. En todos estos sectores es necesario, argumentó, un «mayor esfuerzo».





