EL CAMPO
Agricultura suprime las ayudas a la incorporación de la mujer al sector
La medida, recogida en el nuevo Marco Nacional de Desarrollo Rural, responde a una directriz europea que rechaza la existencia de discriminación positiva Los colectivos de apoyo a la mujer rural lo consideran un «peligroso precedente»
05.12.07 -
GANADO. Una mujer recoge con un cubo la orina de una vaca frisona en un certamen. / EFE
El Comité de Desarrollo Rural de la Unión Europea ha dado el visto bueno al Marco de Nacional de Desarrollo Rural para el período 2007-2013 presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Este documento, en el que se perfilan las líneas básicas de actuación en el medio rural para los próximos años, no se aprobará de forma definitiva hasta las próximas semanas. Sin embargo, algunas de las directrices ya suscitan preocupación entre los colectivos agrarios.
Sobre todo, la supresión de las ayudas específicas dirigidas a la incorporación de la mujer al sector agrario. Esta medida, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, responde a «exigencias de la normativa comunitaria», que impide «contemplar este tipo de actuaciones en la programación del desarrollo rural», indicaron fuentes del MAPA. Así, las subvenciones para la puesta en marcha de actividades agrarias tendrán una cuantía máxima de 22.000 euros, frente a los 24.200 que recibían las mujeres.
Tomasa Arce, viceconsejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, confirmó a EL COMERCIO que «la Unión Europea ha tomado la determinación de que no puede existir discriminación positiva a favor de la mujer porque la inversión necesaria para una poner en marcha una explotación o desarrollar un plan de mejora tiene el mismo coste la realice quien la realice».
Arce puntualizó que las ayudas que se concedían hasta ahora a las mujeres que se incorporaban al sector agrario, «de hasta diez puntos porcentuales por encima de las que recibían los hombres», se justificaban por entender que «la mujer es un elemento fundamental para el medio rural y su desarrollo». Sin embargo, consideró que «aunque cualquier incentivo es bien recibido, esta supresión no va a ser determinante para frenar la incorporación de la mujer al medio rural».
No obstante, desde los sindicatos agrarios y los colectivos de apoyo a la mujer de las zonas rurales sostienen que «es imprescindible mantener la discriminación positiva», tal como afirmó Carmen Rodríguez, presidenta de la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias (AMCA).«Me gustaría que no fuese necesaria, porque eso significaría que hay una plena igualdad, pero como no existe, necesitamos esas ayudas que, además, permiten fijar población en el medio rural», añadió.
Por su parte, Belén Verdugo, responsable del área de la Mujer del sindicato COAG recalcó que la supresión de estas ayudas directas «puede sembrar un peligroso precedente y ser el comienzo de que comiencen a caer en cascada todas las políticas de discriminación positiva».
Desde su posición, Verdugo instó a la Comisión Europea a «argumentar con cifras si se ha superado la desigualdad»: «No hay ninguna prueba de que se está discriminando a los hombres por estas ayudas», subrayó.
Mujeres preparadas
Todos los colectivos coinciden al subrayar que la existencia de acciones tendentes a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural favorecerán el desarrollo del entorno y del sector, caracterizado por «una alta tasa de masculinización y envejecimiento», según constató la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur).
Desde este colectivo, señalaron también que «en el período 2000-2006, la incorporación de las mujeres al sector agrario aumentó hasta el 27%, gracias a las acciones positivas contempladas para la incorporación de mujeres y jóvenes en el sector agrario».
Por su parte, desde las delegaciones de COAG Asturias y UCA se recalcó también el alto porcentaje de féminas que participan en los cursos de formación: «El año pasado, organizamos un curso de incorporación a la actividad agraria en Tineo, donde la mayor parte de la actividad se concentra en explotaciones ganaderas, y el 60% de los asistentes eran mujeres», señalaron desde la Coordinadora de Organizaciones Agrarias.
La viceconsejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado, aseveró que, más allá de las ayudas económicas, se mantendrá la discriminación positiva hacia la mujer «a la hora de priorizar las solicitudes que presenten y a la hora de hacer valer sus derechos como titulares o cotitulares de una explotación», así como en el momento de priorizar su acceso a la formación.
Sobre todo, la supresión de las ayudas específicas dirigidas a la incorporación de la mujer al sector agrario. Esta medida, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, responde a «exigencias de la normativa comunitaria», que impide «contemplar este tipo de actuaciones en la programación del desarrollo rural», indicaron fuentes del MAPA. Así, las subvenciones para la puesta en marcha de actividades agrarias tendrán una cuantía máxima de 22.000 euros, frente a los 24.200 que recibían las mujeres.
Tomasa Arce, viceconsejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, confirmó a EL COMERCIO que «la Unión Europea ha tomado la determinación de que no puede existir discriminación positiva a favor de la mujer porque la inversión necesaria para una poner en marcha una explotación o desarrollar un plan de mejora tiene el mismo coste la realice quien la realice».
Arce puntualizó que las ayudas que se concedían hasta ahora a las mujeres que se incorporaban al sector agrario, «de hasta diez puntos porcentuales por encima de las que recibían los hombres», se justificaban por entender que «la mujer es un elemento fundamental para el medio rural y su desarrollo». Sin embargo, consideró que «aunque cualquier incentivo es bien recibido, esta supresión no va a ser determinante para frenar la incorporación de la mujer al medio rural».
No obstante, desde los sindicatos agrarios y los colectivos de apoyo a la mujer de las zonas rurales sostienen que «es imprescindible mantener la discriminación positiva», tal como afirmó Carmen Rodríguez, presidenta de la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias (AMCA).«Me gustaría que no fuese necesaria, porque eso significaría que hay una plena igualdad, pero como no existe, necesitamos esas ayudas que, además, permiten fijar población en el medio rural», añadió.
Por su parte, Belén Verdugo, responsable del área de la Mujer del sindicato COAG recalcó que la supresión de estas ayudas directas «puede sembrar un peligroso precedente y ser el comienzo de que comiencen a caer en cascada todas las políticas de discriminación positiva».
Desde su posición, Verdugo instó a la Comisión Europea a «argumentar con cifras si se ha superado la desigualdad»: «No hay ninguna prueba de que se está discriminando a los hombres por estas ayudas», subrayó.
Mujeres preparadas
Todos los colectivos coinciden al subrayar que la existencia de acciones tendentes a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural favorecerán el desarrollo del entorno y del sector, caracterizado por «una alta tasa de masculinización y envejecimiento», según constató la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur).
Desde este colectivo, señalaron también que «en el período 2000-2006, la incorporación de las mujeres al sector agrario aumentó hasta el 27%, gracias a las acciones positivas contempladas para la incorporación de mujeres y jóvenes en el sector agrario».
Por su parte, desde las delegaciones de COAG Asturias y UCA se recalcó también el alto porcentaje de féminas que participan en los cursos de formación: «El año pasado, organizamos un curso de incorporación a la actividad agraria en Tineo, donde la mayor parte de la actividad se concentra en explotaciones ganaderas, y el 60% de los asistentes eran mujeres», señalaron desde la Coordinadora de Organizaciones Agrarias.
La viceconsejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado, aseveró que, más allá de las ayudas económicas, se mantendrá la discriminación positiva hacia la mujer «a la hora de priorizar las solicitudes que presenten y a la hora de hacer valer sus derechos como titulares o cotitulares de una explotación», así como en el momento de priorizar su acceso a la formación.
