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SATISFECHOS. José Luis Lafuente, Benigno Blanco y Ángel Mario Díaz explican el auto dictado por el TSJA. / JESÚS DÍAZ
Riopedre cree un «daño irreparable» suspender como obligatoria Educación para la Ciudadanía
Asturias

Riopedre cree un «daño irreparable» suspender como obligatoria Educación para la Ciudadanía

El Principado recurrirá la decisión del TSJA respecto a una materia que, según Vicente Álvarez Areces, «todos los alumnos tienen que recibir en condiciones de igualdad» El Tribunal Superior de Justicia señala que su resolución no impide impartir la asignatura «ni vulnera el interés general»

MARCO MENÉNDEZ

Miércoles, 12 de diciembre 2007, 19:15

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El Gobierno regional no comparte el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de suspender cautelarmente la obligatoriedad de asistir a clase de Educación para la Ciudadanía, según cinco autos dictados recientemente, a los que se podrían añadir varios más a lo largo de los próximo días, después de que fueran presentados 38 recursos de objeción de conciencia por otros tantos padres de alumnos. El consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, fue ayer tajante al asegurar que esa suspensión «lesiona gravemente el derecho de la educación de los menores, sobre todo en el caso de resolución desfavorable, y causa un daño irreparable al derecho que tiene la Administración de regular las materias y contenidos del sistema educativo asturiano».

Para el consejero, la suspensión cautelar «pone en peligro la Ley misma y el decreto de enseñanzas mínimas», y sus consecuencias podrían ir «más allá. Se plantea un tema muy profundo sobre el derecho del Estado a regular las materias del sistema educativo», reiteró. No obstante, recordó que el sistema educativo español no contempla la figura de la objeción de conciencia y se preguntó por las consecuencias que una sentencia favorable a las familias pudiera tener en asignaturas como Ciencias Naturales y materias como la enseñanza de la evolución.

Aunque dijo respetar la decisión del tribunal, el consejero de Educación avanzó ayer en Avilés la decisión de recurrir la medida dictada por el TSJA. «Hemos solicitado al Servicio Jurídico del Principado de Asturias la presentación del correspondiente recurso de súplica ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo», precisó.

Iglesias Riopedre asegura que el Principado y el Ministerio de Educación y Ciencia mantienen una postura coincidente en este asunto y que se coordinarán para interponer el recurso correspondiente «si la sentencia fuera desfavorable respecto al fondo de la cuestión».

«Materia del currículo»

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, quiso ir más allá en este contencioso y aseguró que Educación para la Ciudadanía «es una materia que está en el currículo, que ha sido avalada por una Ley de nuestro Parlamento y, por lo tanto, los alumnos y alumnas tienen que recibir esa educación en condiciones de igualdad», al tiempo que recordó que «ésta es una sociedad muy respetuosa con la pluralidad y libertad religiosa y de conciencia de todos los ciudadanos» y que en Asturias así se ha puesto «siempre de manifiesto».

Las razones que aduce el TSJA para decretar la suspensión cautelar de la obligatoriedad de acudir a clase de Educación para la Ciudadanía para los alumnos objetores no tienen nada que ver con el contenido de esta materia. El TSJA asegura que esa suspensión «no les priva de la asistencia a las indicadas clases», al tiempo que considera que «no existe un interés general digno de protección» y lo fundamenta en que «se trata de una asignatura cuya obligatoriedad no alcanza a todo el territorio nacional».

Por ello, el tribunal considera que «para los poderes públicos no existe una perturbación grave del interés general digno de especial protección».

La suspensión cautelar se hace en base a preservar una posible resolución favorable a los padres que presentaron el recurso, pues el auto indica que, «el alumno recibiría unas enseñanzas no queridas que soslayarían la finalidad del recurso interpuesto, haciéndole perder la efectividad a la sentencia, de resultar favorable a sus intereses, pues el resultado no querido ya se habría producido».

38 recursos

De momento, han sido presentados 38 recursos por otros tantos padres de alumnos que solicitan que se les reconozca el derecho a la objeción de conciencia con el fin de que sus hijos no tengan que recibir clases de Educación para la Ciudadanía. El TSJA ha dictado siete autos, de los que en cinco decreta la suspensión cautelar de la obligatoriedad de acudir a las clases. En otros dos se rechaza, ya que afectaban a alumnos de cuarto de ESO que no reciben dicha materia.

Este auto ha causado preocupación en toda la administración educativa y prueba de ello es que la propia ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, prefirió ayer no comentar la medida cautelar dictada por el TSJA hasta que no se resuelva la objeción de conciencia contra la asignatura. Tampoco quiso la ministra valorar la sentencia firme dictada por TSJ de Cataluña -en este caso dando la razón a la Administración-. Cabrera se limitó a decir que «no opiné hace unos días sobre la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña y tampoco lo voy a hacer ahora con el asturiano. Es una sentencia judicial y no hay comentarios», aseveró.

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