GIJÓN
Discrepancia sobrevenida
El desacuerdo sobre las causas del sobrecoste y sus consecuencias persiste entre los partidos
12.12.07 -
Uno de los principales motivos de polémica entre el presidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, y los diputados regionales de PP e IU fue la consideración como «circunstancias sobrevenidas» de la necesidad de acarrear áridos desde canteras más lejanas de lo previsto.
«¿Sobrevenida, leches! Por irresponsabilidad de la UTE», exclamó Valledor ante la insistencia de Rexach, amparado por los informes de Fomento y de la Abogacía del Estado que acababa de desvelar el consejero Francisco González Buendía. El popular José Cuervas-Mons no fue menos tajante: «Eso no es causa sobrevenida dígamelo quien me lo diga», manifestó.
El asunto no es baladí porque parece evidente que la Unión Europea no aprobará modificado alguno si el sobrecoste es causa de irresponsabilidad o negligencia, ya sea de la UTE adjudicataria, como aduce García Valledor, o de la Autoridad Portuaria y el Gobierno regional, entidades hacia las que dirige preferentemente sus dardos el Partido Popular.
¿Qué normas rigen la presentación y aprobación de modificados? En el caso de la ampliación de El Musel, la resolución de la Unión Europea que concedió 247,5 millones de subvención con cargo a los fondos de cohesión es la norma más próxima y claramente aplicable.
Según fuentes de la Autoridad Portuaria, en el citado contrato hay dos referencias explícitas a la posibilidad de que se tramiten modificados o, mejor dicho, un solo modificado, «a solicitud, debidamente motivada, del Reino de España», conforme al artículo 12.
La otra referencia, según las mismas fuentes, figura en el Anexo Tercero, que expone las causas admisibles y cita «cambios introducidos frente al plan inicialmente previsto, modificaciones de calendarios y problemas técnicos». Este último motivo es al que se acogen los responsables de la Autoridad Portuaria de Gijón como aplicable a las condiciones actuales de El Musel, ahora con apoyo explícito del Ministerio de Fomento y de la Abogacía del Estado.
Consecuencias
Si al analizar las causas del sobrecoste se produjo agria polémica entre Rexach y los diputados de IU y PP, en la previsión de consecuencias tampoco hubo acuerdo.
Dinero público malgastado, pérdida de competitividad de El Musel a la hora de aplicar tarifas (debido a que su cuantía depende en cierta medida de la rentabilidad) y menor posibilidad de conseguir financiación para otros proyectos son algunas de las previsiones de la oposición al PSOE en el Parlamento regional.
El presidente de El Musel rechazó tajantemente que el puerto gijonés no pueda mantener sus tarifas, debido al incremento de 10 millones de euros al año en la facturación que proporcionarán los nuevos tráficos, y que la mayor inversión en El Musel amenace otras inversiones, porque la financiación del sistema portuario no sale de los Presupuestos Generales del Estado.
Sobre la aportación ciudadana a la financiación, sin perjuicio de que Rexach considerase demagógico el planteamiento, porque ni los presupuestos del Estado ni los regionales nutren las arcas portuarias, cabe recordar la idea de un empresario gijonés que ya publicó este periódico y que no resultó reiterada, por contra de lo que ocurriera con otros argumentos a favor o en contra de la gestión del sobrecoste.
Explicaba el referido empresario que gran parte del sobrecoste irá a parar a las canteras y los transportistas asturianos, de forma que se trata de dinero procedente de Europa que se quedará en la región y que genera ocupación, mientras que no hay garantía alguna de que si no hubiera sobrecoste, se podría dedicar ese dinero a otro proyecto asturiano.
«¿Sobrevenida, leches! Por irresponsabilidad de la UTE», exclamó Valledor ante la insistencia de Rexach, amparado por los informes de Fomento y de la Abogacía del Estado que acababa de desvelar el consejero Francisco González Buendía. El popular José Cuervas-Mons no fue menos tajante: «Eso no es causa sobrevenida dígamelo quien me lo diga», manifestó.
El asunto no es baladí porque parece evidente que la Unión Europea no aprobará modificado alguno si el sobrecoste es causa de irresponsabilidad o negligencia, ya sea de la UTE adjudicataria, como aduce García Valledor, o de la Autoridad Portuaria y el Gobierno regional, entidades hacia las que dirige preferentemente sus dardos el Partido Popular.
¿Qué normas rigen la presentación y aprobación de modificados? En el caso de la ampliación de El Musel, la resolución de la Unión Europea que concedió 247,5 millones de subvención con cargo a los fondos de cohesión es la norma más próxima y claramente aplicable.
Según fuentes de la Autoridad Portuaria, en el citado contrato hay dos referencias explícitas a la posibilidad de que se tramiten modificados o, mejor dicho, un solo modificado, «a solicitud, debidamente motivada, del Reino de España», conforme al artículo 12.
La otra referencia, según las mismas fuentes, figura en el Anexo Tercero, que expone las causas admisibles y cita «cambios introducidos frente al plan inicialmente previsto, modificaciones de calendarios y problemas técnicos». Este último motivo es al que se acogen los responsables de la Autoridad Portuaria de Gijón como aplicable a las condiciones actuales de El Musel, ahora con apoyo explícito del Ministerio de Fomento y de la Abogacía del Estado.
Consecuencias
Si al analizar las causas del sobrecoste se produjo agria polémica entre Rexach y los diputados de IU y PP, en la previsión de consecuencias tampoco hubo acuerdo.
Dinero público malgastado, pérdida de competitividad de El Musel a la hora de aplicar tarifas (debido a que su cuantía depende en cierta medida de la rentabilidad) y menor posibilidad de conseguir financiación para otros proyectos son algunas de las previsiones de la oposición al PSOE en el Parlamento regional.
El presidente de El Musel rechazó tajantemente que el puerto gijonés no pueda mantener sus tarifas, debido al incremento de 10 millones de euros al año en la facturación que proporcionarán los nuevos tráficos, y que la mayor inversión en El Musel amenace otras inversiones, porque la financiación del sistema portuario no sale de los Presupuestos Generales del Estado.
Sobre la aportación ciudadana a la financiación, sin perjuicio de que Rexach considerase demagógico el planteamiento, porque ni los presupuestos del Estado ni los regionales nutren las arcas portuarias, cabe recordar la idea de un empresario gijonés que ya publicó este periódico y que no resultó reiterada, por contra de lo que ocurriera con otros argumentos a favor o en contra de la gestión del sobrecoste.
Explicaba el referido empresario que gran parte del sobrecoste irá a parar a las canteras y los transportistas asturianos, de forma que se trata de dinero procedente de Europa que se quedará en la región y que genera ocupación, mientras que no hay garantía alguna de que si no hubiera sobrecoste, se podría dedicar ese dinero a otro proyecto asturiano.
