GIJÓN
El Principado quiere que el Palacio de Justicia se integre en el entorno urbanístico del plan de vías
La consejera destaca su ubicación «en una de las entradas de Gijón» y cree que esto influirá en el diseño del edificio María José Ramos enmarca el proyecto en los planes de modernización de la justicia planteados por Areces
LA BOHEMIA. Al fondo de la imagen, tras el aparcamiento, solar donde se levantará el futuro Palacio de Justicia de Gijón. / JOSÉ SIMAL
LOS DATOS
El Principado pretende que el futuro Palacio de Justicia de La Bohemia sea un atractivo más del entorno arquitectónico que se construirá en los terrenos que actualmente ocupa la barrera ferroviaria. La consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos, consideró tras el acuerdo del Consejo de Gobierno de autorizar la contratación del proyecto y obra del inmueble, que quienes aspiren al diseño y construcción del mismo «tienen que saber que estamos hablando de un edificio que formará parte de una de las entradas a la ciudad, que está a punto de experimentar una transformación muy importante».
Como ya adelantó EL COMERCIO, el Gobierno regional dio ayer vía libre al inicio de los trámites para la licitación de la futura sede judicial, que permitirá concentrar en un solo edificio los órganos que actualmente se reparten entre Poniente, Prendes Pando, Donato Argüelles y la carretera Vizcaína -sede del Juzgado de Primera Instancia número 11-. Como novedad, la redacción del proyecto y la ejecución de las obras saldrán a concurso de forma conjunta, lo que permitirá reducir los plazos administrativos. Según aseguró la consejera «gracias a esta fórmula el Palacio podrá estar licitado en 2008, cumpliendo así el calendario que nos planteamos cuando se puso en marcha el nuevo equipo de la Consejería». Recordó además que su gabinete desechó la posibilidad de adjudicar el diseño mediante la convocatoria de un concurso de ideas, «previsto en el plan funcional que nos traspasó el anterior consejero», porque ese planteamiento demoraría la puesta en marcha del edificio.
María José Ramos se reconoció «satisfecha» con el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, que en su opinión permitirá seguir avanzando «en el reto que planteó el presidente al inicio de la nueva legislatura de modernizar la justicia».
Según señaló, esta modernización se basa en dos pilares: «Por un lado, queremos dotarnos de unas sedes e instalaciones en buenas condiciones que beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios de la Justicia; el segundo ámbito de modernización se refiere al tema informático».
Transformación
Aunque el formato elegido para la adjudicación del proyecto se centra en los aspectos técnicos y funcionales del edificio y relega el ámbito estético -no impone ninguna condición específica al respecto-, la consejera se mostró convencida de que la ubicación privilegiada de la futura sede judicial hará que los arquitectos busquen diseños atractivos y singulares. «Cualquiera que participe en el proceso de adjudicación será consciente de que el Palacio de Justicia estará enclavado en una de las entradas a la ciudad que va a vivir grandes cambios. Es lógico que lo tengan en cuenta a la hora de plantear su proyecto».
La consejera recordó que aún no se ha decidido el futuro que se dará a los juzgados de Poniente. «Todavía no estamos en esa fase del proceso», apuntó. La venta de las actuales sedes judiciales deberá servir para ayudar a la financiación del futuro Palacio de justicia, para el que se ha establecido un importe máximo de licitación de 30.532.434 euros -gasto que se ejecutará en varias anualidades-.
De momento, se sabe ya que el edificio judicial de la calle del Decano Prendes Pando dará lugar a futuros bloques de viviendas. «Cuando llegue el momento se verá, de acuerdo con la ficha urbanística del solar, qué edificabilidad tiene la zona. A partir de ahí se seguirá el procedimiento habitual para la venta del terreno en función de su valor». Lo que se obtenga de esa operación se destinará al plan de traslado de las sedes judiciales, si bien José María Ramos señaló que «lógicamente no cubrirá la totalidad» del coste del nuevo edificio.
El futuro Palacio de Justicia acogerá dos secciones de la Audiencia Provincial, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, cuatro de Instrucción, tres de lo Penal, once de Primera Instancia y cuatro de lo Social, además de una clínica médico-forense y las dependencias de la Fiscalía y del Registro Civil.
También habrá espacio para otros servicios comunes como las salas de vistas, salas de testigos, salas de detenidos, calabozos, dependencias policiales y espacios para abogados y procuradores. Se reservará además parte del edificio ante la previsión de que en el futuro se creen nuevos órganos judiciales en Gijón.
Como ya adelantó EL COMERCIO, el Gobierno regional dio ayer vía libre al inicio de los trámites para la licitación de la futura sede judicial, que permitirá concentrar en un solo edificio los órganos que actualmente se reparten entre Poniente, Prendes Pando, Donato Argüelles y la carretera Vizcaína -sede del Juzgado de Primera Instancia número 11-. Como novedad, la redacción del proyecto y la ejecución de las obras saldrán a concurso de forma conjunta, lo que permitirá reducir los plazos administrativos. Según aseguró la consejera «gracias a esta fórmula el Palacio podrá estar licitado en 2008, cumpliendo así el calendario que nos planteamos cuando se puso en marcha el nuevo equipo de la Consejería». Recordó además que su gabinete desechó la posibilidad de adjudicar el diseño mediante la convocatoria de un concurso de ideas, «previsto en el plan funcional que nos traspasó el anterior consejero», porque ese planteamiento demoraría la puesta en marcha del edificio.
María José Ramos se reconoció «satisfecha» con el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, que en su opinión permitirá seguir avanzando «en el reto que planteó el presidente al inicio de la nueva legislatura de modernizar la justicia».
Según señaló, esta modernización se basa en dos pilares: «Por un lado, queremos dotarnos de unas sedes e instalaciones en buenas condiciones que beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios de la Justicia; el segundo ámbito de modernización se refiere al tema informático».
Transformación
Aunque el formato elegido para la adjudicación del proyecto se centra en los aspectos técnicos y funcionales del edificio y relega el ámbito estético -no impone ninguna condición específica al respecto-, la consejera se mostró convencida de que la ubicación privilegiada de la futura sede judicial hará que los arquitectos busquen diseños atractivos y singulares. «Cualquiera que participe en el proceso de adjudicación será consciente de que el Palacio de Justicia estará enclavado en una de las entradas a la ciudad que va a vivir grandes cambios. Es lógico que lo tengan en cuenta a la hora de plantear su proyecto».
La consejera recordó que aún no se ha decidido el futuro que se dará a los juzgados de Poniente. «Todavía no estamos en esa fase del proceso», apuntó. La venta de las actuales sedes judiciales deberá servir para ayudar a la financiación del futuro Palacio de justicia, para el que se ha establecido un importe máximo de licitación de 30.532.434 euros -gasto que se ejecutará en varias anualidades-.
De momento, se sabe ya que el edificio judicial de la calle del Decano Prendes Pando dará lugar a futuros bloques de viviendas. «Cuando llegue el momento se verá, de acuerdo con la ficha urbanística del solar, qué edificabilidad tiene la zona. A partir de ahí se seguirá el procedimiento habitual para la venta del terreno en función de su valor». Lo que se obtenga de esa operación se destinará al plan de traslado de las sedes judiciales, si bien José María Ramos señaló que «lógicamente no cubrirá la totalidad» del coste del nuevo edificio.
El futuro Palacio de Justicia acogerá dos secciones de la Audiencia Provincial, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, cuatro de Instrucción, tres de lo Penal, once de Primera Instancia y cuatro de lo Social, además de una clínica médico-forense y las dependencias de la Fiscalía y del Registro Civil.
También habrá espacio para otros servicios comunes como las salas de vistas, salas de testigos, salas de detenidos, calabozos, dependencias policiales y espacios para abogados y procuradores. Se reservará además parte del edificio ante la previsión de que en el futuro se creen nuevos órganos judiciales en Gijón.
