El escrito plantea dos objetivos principales: la paralización del proceso de expulsión del PP contra tres ex concejales gijoneses y la apertura de un expediente contra Pilar Fernández Pardo.
Respecto al primer objetivo, Luis de Prado, quien señala que representa «a más de un 30% del partido» en Gijón, se confiesa decidido a tener el mismo destino que Emilio Noval.
Para encausar a Pilar Fernández Pardo, Luis de Prado apela a dos hechos: la atribución de responsabilidades en el 11-M que, según el firmante, hizo la senadora hacia Mercedes Fernández y Ángel Acebes, y las anomalías durante la celebración del congreso perdido por De Prado.
En este último sentido, la misiva dirigida a Acebes desvela un documento del Comité Nacional de Derechos y Garantías conforme al cual algunas personas que acompañaban a De Prado en su candidatura estaban suspendidas cautelarmente de militancia cuando se les permitió votar en el polémico congreso.
De Prado acompaña sus aseveraciones de ataques contra los responsables locales («personaje indigno»), regionales «que se esconde debajo de la cama») y nacionales («cobardía y falta de sentido»). Esas referencias salpican todo el escrito.





