Según explicó el concejal Pedro Muñiz, jurista de profesión, el fallo judicial, con fecha de 28 de diciembre, da la razón a la Asociación de Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón (AFAG) a raíz de un recurso que habían interpuesto contra la relación de puestos de trabajo del Consistorio del año 2005. Respecto a esas contrataciones de personal laboral, el tribunal considera que se trata de plazas que debían estar cubiertas por funcionarios y que, por tanto, el Ayuntamiento no acreditó debidamente la excepcionalidad a ese modelo funcionarial reconocido por la Constitución.
Muñiz explicó que la sentencia anula 69 puestos de trabajo que, aunque no están todos cubiertos, sí obligará a prescindir de un número importante de personas. Algo que vaticinó que generará un gasto a las arcas municipales por equivaler, a su juicio, a despidos improcedentes.
Para el PP esta sentencia supone «un varapalo más a la política de personal que viene llevando a cabo el Ayuntamiento desde la década de los noventa con los miembros de la misma saga familiar: María José Ramos (mujer), Pedro Sanjurjo (marido) y ahora Santiago Martínez Argüelles (cuñado)».
Tras la rueda de prensa de los populares, el Ayuntamiento emitió un comunicado para tranquilizar a las personas que se pudieran sentir afectadas por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Recordó que éste no es firme y anunció que lo recurrirá ante el Tribunal Supremo. Entre otras cuestiones alegará que la sentencia contradice otra dictada por el mismo tribunal que dio validez en 2006 a la convocatoria de otras plazas de personal laboral.
Respecto al fallo del TSJA, el equipo de gobierno también destaca que no pone en cuestión ningún proceso selectivo concreto, ni ningún nombramiento, ni la contratación de ningún trabajador, sino la forma en que se han clasificado determinados puestos de trabajo». Para el Ayuntamiento esto es importante porque «no predetermina» lo que puede ocurrir con otros expedientes de relaciones de empleos y ofertas laborales recurridas.





