
Francisco Sánchez, representante legal de algunos de los damnificados, aseveró que «los vecinos quieren que se consagren sus propiedades pero, en última instancia, estarían dispuestos a aceptar una concesión por sesenta años sin pago de canon». Esta opción, según explicó, está contemplada en las disposiciones de la Ley de Costas, «una de las más agresivas del derecho español», y «es entendida por la jurisprudencia como una especie de justiprecio, una indemnización es especie, en vez de económica». Pero, «esta compensación no se da en todos los casos, hay que cumplir unos requisitos», recalcó.
Durante el encuentro con el edil de Urbanismo, los vecinos solicitaron a la corporación la publicación de una declaración mediante la que se apoyen estas reclamaciones. «El Ayuntamiento no es competente para decidir sobre el deslinde, pero debe interceder para que la aplicación de la norma sea la menos mala para los vecinos», indicó Sánchez.
Estrada no sólo se comprometió a elevar ante el Pleno una moción que refuerce las demandas vecinales -aunque será jurídicamente irrelevante-, sino que solicitará una entrevista con responsables de la Demarcación de Costas para analizar la situación.
6.000 euros al año
El abogado de los afectados por la delimitación del dominio público marítimo-terrestre del estuario de Villaviciosa explicó que, en sus negociaciones con el órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, a cambio de evitar pleitos, «que se inician en la Audiencia Nacional y se alargan varios años», Costas ha propuesto conceder el uso de las propiedades «durante veinte años y el pago de un canon», una tasa establecida en función del valor catastral de la propiedad. A este respecto, Sánchez destacó un caso concreto, en el que ese pago asciende a «6.000 euros al año».
Los expedientes abiertos en la actualidad, que se encuentran en fase de estudio de las alegaciones presentadas a los apeos realizados en los dos últimos meses, tienen a su favor el hecho de estar enmarcados en los límites de la reserva natural parcial de la ría: «En la aplicación de la norma también se tiene en cuenta el interés que exista en hacer una obra pública de envergadura o los intereses urbanísticos que haya, pero aquí no los hay, porque es un espacio en el que nunca se va a hacer nada más de lo que hay», indicó Sánchez.
En contra, los reclamantes tienen el hecho de que no se trate de un núcleo de población numeroso porque «la Administración ha optado por flexibilizar la aplicación de la ley en zonas consolidadas». Y eso, «aunque se presenten títulos o inscripciones en el registro de la propiedad», anotó.





