Medio centenar de mineros de la explotación gijonesa se habían concentrado a la entrada de la central térmica, con pancartas y petardos incluidos, para solicitar una reunión con Nieto. En cuestión de segundos, el consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, apareció con dos coches oficiales, hizo un gesto a tres miembros del comité de La Camocha y se introdujeron en uno de los vehículos. El secretario general de Energía les aguardaba en una sala de la planta de HC, donde se reunieron también con el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín.
Nieto anunció después a los medios de comunicación que el Ministerio de Industria impugnará el proceso concursal para solicitar al juez que instruye la quiebra, Alfonso Muñoz -titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo-, estar presente en el proceso como administrador por parte de los acreedores. De hecho, recordó Nieto, La Camocha adeuda al Estado 110 millones de euros de los 120 millones de la deuda total que tiene contraída la sociedad minera. «Nos enteramos este miércoles del nombramiento de los administradores en el proceso de quiebra, nos sorprendió mucho porque el primer acreedor es justamente el Estado, y estamos estudiando todas las medidas legales para impugnar y reclamar nuestros derechos». Sólo si el juez accede a que el Ministerio de Industria sea parte del proceso, «los trabajadores podrán cobrar los salarios que les debe la empresa, porque sabemos cómo hacerlo», aseguró el responsable del departamento que dirige Joan Clos.
Nieto culpó a los dueños de Mina La Camocha de la situación en que se encuentran ahora los 146 trabajadores de la explotación gijonesa, a los que la empresa les adeuda los salarios de noviembre, diciembre y la paga de Navidad. Explicó que había en marcha un plan consensuado con todas las partes implicadas -el Principado, sindicatos e incluso la empresa Hunosa, que será la que incorpore a los trabajadores-, pero con lo que «no contaba» el ministerio era con «la irresponsabilidad manifiesta de los propietarios de La Camocha instando un concurso cuando ellos sabían que había una hoja de ruta pactada entre todas las partes para el cierre, a 31 de diciembre de 2007 de la mina, que incluía el cobro de las nóminas», apuntó.
Al instar la sociedad de La Camocha el concurso voluntario, ha comenzado una vía judicial que, según Nieto, al Gobierno se le «escapa un poco de las manos». A pesar de ello, afirmó que la voluntad del Estado es solucionar este problema y pidió «tranquilidad» y «paciencia» a los trabajadores.
«Un detalle»
Por su parte, los tres representantes sindicales -del SOMA, CC OO y CSI- de La Camocha reconocieron «el detalle» que había tenido Nieto recibiéndoles, «pese a que no estaba previsto» y dijeron que estudiarán «los pasos que tenemos que dar» en función de cómo se resuelva todo el proceso.
Respecto a los prejubilados de la explotación gijonesa, a los que Mina La Camocha debe tres millones de euros por el impago de complementos salariales, Nieto declaró que ésta es «otra actuación irresponsable» de la compañía y dijo que una vez que se solucione el problema actual de los trabajadores y estén incorporados en Hunosa, podría haber mecanismos, como la posibilidad de poner en valor lo que quede de la Camocha, para intentar solventar esta deuda.
Nieto respondió, por otra parte, a las críticas de la FM-CC OO que anteayer habló de la paralización de los fondos mineros de 2006 y 2007. El responsable de Industria dijo que las inversiones en infraestructuras de esos años «están firmadas y cerradas» y que actualmente se están abordando los proyectos de 2008.





