
El diputado popular Ramón García Cañal aseguró que el Principado había permitido una liquidación que supera en 209.173 euros los límites establecidos en el Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. Según Cañal, además, «la asistencia técnica de las obras no está siendo supervisada por ningún funcionario del Principado».
Todas estas cuestiones fueron negadas por Migoya, quien aseguró que «el Principado paga lo que realizan las empresas, las unidades de obras que se realizan, que están ejecutadas y que tienen las correspondientes certificaciones de los técnicos, funcionarios solventes de la Administración del Principado». Migoya defendió que existen todas las certificaciones, «hasta el montante total de algo más de 8,5 millones de euros que costó». La consejera y portavoz lanzó duras críticas contra las «calumnias, mentiras e insidias del PP».





