OPINIÓN ARTICULOS
El TSJA y Educación para la Ciudadanía
22.01.08 -
LA reciente sentencia del Tribunal Superior de Asturias (TSJA), que ha decretado la suspensión cautelar de la obligación de asistir a clase para aquellos alumnos que han iniciado los trámites judiciales en defensa de su derecho a ejercer la objeción de conciencia contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ha vuelto a reabrir el debate sobre la oportunidad de esta asignatura. La posición de ANPE, al margen de los lícitos posicionamientos individuales de los padres, es sobradamente conocida: no creemos que los alumnos menores de edad puedan ejercer la objeción de conciencia ni ante ésta ni ante ninguna otra materia obligatoria del currículo escolar y el simple hecho de que se esté planteando este extremo es un indicador gravísimo del deterioro del sistema educativo. Por su parte, el profesorado asturiano lo tiene claro. El 57% del mismo, según la encuesta realizada por ANPE, estima que «debe cumplirse la ley, no cabe la objeción» frente al 28% que afirma que «es una asignatura innecesaria» o al 15% que considera que «debe respetarse la decisión de los padres».
La Educación para la Ciudadanía se ha visto rodeada por la polémica desde su proyecto inicial, ha visto la luz sin el consenso necesario, lo que ha propiciado el rechazo de un importante colectivo de padres, que observan una intromisión en su potestad para educar moralmente a sus hijos, y también de un no menor colectivo de docentes, los más perjudicados por la introducción de una asignatura específica que ha restado horas a sus especialidades: Filosofía y Humanidades o Música.
A estas voces se unen las de quienes sostienen que las técnicas de grupo, discusiones y debates son dinámicas de aprendizaje, pero no contenidos en sí mismos, y que cuestionan no los valores democráticos que se pretenden impartir, sino la carencia de una base científica en la asignatura, la ausencia de concreción en las capacidades a alcanzar por los alumnos -lo que la convierte en fácilmente manipulable- y la ausencia de novedades que superen lo que se ha impartido tradicionalmente como Conocimiento del Medio en Primaria o Filosofía, en Secundaria y que -añaden- a su prestigio no ayuda nada la diversidad actual de profesorado que está impartiendo la materia, incluso profesorado de inglés.
¿Y cuál es la solución que contentaría a todos? Bastaría con proponer la materia como optativa para solucionar muchos de estos problemas, y especialmente uno no menor: el desequilibrio que van a producir las concesiones que se permiten en los centros privados y concertados respecto a los públicos, que no podrán adaptar el currículo y a los que tocará una vez más acatar en su totalidad la ley, esté bien hecha o no. Para ANPE se trata de un debate estéril, pues los maestros y profesores llevamos años educando desde la transversalidad, en todas las clases y asignaturas, en valores cívicos y actitudes democráticas, la base de los ciudadanos del futuro. Y lamentamos, además, que, de nuevo, la educación y el propio profesorado estén en el ojo del huracán de un conflicto sólo justificado por el debate ideológico, el mismo que ha propiciado la existencia de tres leyes educativas en los últimos 15 años, lejos del consenso y la estabilidad necesarias para poner en marcha cualquier medida educativa y para alcanzar los objetivos que PISA ha puesto en evidencia: la carencia en las áreas instrumentales básicas. Ese es el verdadero debate educativo y no debe tener colores.
La Educación para la Ciudadanía se ha visto rodeada por la polémica desde su proyecto inicial, ha visto la luz sin el consenso necesario, lo que ha propiciado el rechazo de un importante colectivo de padres, que observan una intromisión en su potestad para educar moralmente a sus hijos, y también de un no menor colectivo de docentes, los más perjudicados por la introducción de una asignatura específica que ha restado horas a sus especialidades: Filosofía y Humanidades o Música.
A estas voces se unen las de quienes sostienen que las técnicas de grupo, discusiones y debates son dinámicas de aprendizaje, pero no contenidos en sí mismos, y que cuestionan no los valores democráticos que se pretenden impartir, sino la carencia de una base científica en la asignatura, la ausencia de concreción en las capacidades a alcanzar por los alumnos -lo que la convierte en fácilmente manipulable- y la ausencia de novedades que superen lo que se ha impartido tradicionalmente como Conocimiento del Medio en Primaria o Filosofía, en Secundaria y que -añaden- a su prestigio no ayuda nada la diversidad actual de profesorado que está impartiendo la materia, incluso profesorado de inglés.
¿Y cuál es la solución que contentaría a todos? Bastaría con proponer la materia como optativa para solucionar muchos de estos problemas, y especialmente uno no menor: el desequilibrio que van a producir las concesiones que se permiten en los centros privados y concertados respecto a los públicos, que no podrán adaptar el currículo y a los que tocará una vez más acatar en su totalidad la ley, esté bien hecha o no. Para ANPE se trata de un debate estéril, pues los maestros y profesores llevamos años educando desde la transversalidad, en todas las clases y asignaturas, en valores cívicos y actitudes democráticas, la base de los ciudadanos del futuro. Y lamentamos, además, que, de nuevo, la educación y el propio profesorado estén en el ojo del huracán de un conflicto sólo justificado por el debate ideológico, el mismo que ha propiciado la existencia de tres leyes educativas en los últimos 15 años, lejos del consenso y la estabilidad necesarias para poner en marcha cualquier medida educativa y para alcanzar los objetivos que PISA ha puesto en evidencia: la carencia en las áreas instrumentales básicas. Ese es el verdadero debate educativo y no debe tener colores.
