Una Plataforma Ciudadana formada por asociaciones vecinales y ecologistas ha iniciado una campaña en contra de la construcción de una planta regasificadora en el puerto de Gijón por considerar que entraña un alto riesgo para la población.
Según han puesto de manifiesto en rueda de prensa representantes de este colectivo, la regasificadora es una auténtica bomba en la bahía de Gijón que no cumple con los ratios de seguridad mínimos exigidos.
En su opinión, la proyectada planta regasificadora en los muelles de El Musel es innecesaria porque Asturias exporta la mitad de la energía que produce y el 95 por ciento de lo que consume abastece a sectores industriales que producen poco valor añadido.
La Plataforma ha denunciado que la regasificadora no cumple con ninguna de las normas nacionales e internacionales sobre protección del medio ambiente y que no respeta la distancia de seguridad al núcleo de población.
En ese sentido, han señalado que a menos de dos kilómetros se encuentra la población El Muselín y que en un radio de cinco kilómetros viven la mayor parte de los 250.000 habitantes de la ciudad de Gijón.
Denunciaron además los "efectos contaminantes" originados por el trasiego de carga y descarga, los escapes y fugas, y el hecho de que el proceso de regasificación devuelve al mar agua clorada con una temperatura hasta 8 grados centigrados más fría.
El colectivo ciudadano ha estimado que la capacidad de almacenamiento de la planta será de 600.000 metros cúbicos, que equivalen a 30 millones de bombonas, y provocará un "grave" impacto sobre la calidad del aire en Gijón, que actualmente sobrepasa los límites permitidos.
Los estudios de impacto ambiental, según los miembros de la plataforma, no incluyen el efecto multiplicador del conjunto de otras fuentes de contaminación y los de seguridad no valoran el efecto dominó de otras industrias cercanas como los depósitos de butano de la Campa Torres.
Los miembros de la Plataforma han recordado que las plantas regasificadoras son consideradas como posibles objetivos de terroristas por el Gobierno de los Estados Unidos, que destina un presupuesto considerable para garantizar su seguridad.