GIJÓN
El PP asegura que el Ayuntamiento pagó a UGT y CC OO «de forma irregular» 138.403 euros
Es la partida global de un convenio para controlar la seguridad de las obras entre 2004 y 2007 Los populares aseguran que se financiaron «facturas de teléfono y compras de libros»
26.01.08 -
EDILES. Crego y Junquera, en un Pleno municipal. / BILBAO
«En este caso, el manejo de caudales públicos es escandaloso al extremo». Con estas duras palabras se refirió ayer el concejal del PP Luis Crego al expediente que él y su compañero de filas Eduardo Junquera criticaron ayer. Se trata del convenio firmado entre el Ayuntamiento y las organizaciones sindicales CC OO y UGT, durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007 para el control de las medidas de seguridad en obras licitadas por el Ayuntamiento. Según los concejales populares, el dinero del convenio, un total de 138.403 euros, se ha invertido en otras cuestiones y «el Ayuntamiento ha financiado de forma irregular a las dos organizaciones sindicales».
Junquera y Crego detallaron casi uno a uno los justificantes que los sindicatos habían remitido al Ayuntamiento. Los conceptos por los que se solicitaba dinero eran, básicamente, según explicaron los ediles, «facturas telefónicas, compra de legislación, material de prevención y reparaciones de ordenador». Pusieron muchos ejemplos, como un gasto de 1.157 euros en material de oficina, gasto que fue rechazado por la viceinterventora municipal y que fue sustituido por «más de 1.000 euros por compra de legislación y la reparación de un ordenador». En cuanto a los gastos telefónicos, tanto de móviles como de fijos, existen facturas de 630 euros, explicó Junquera, quien aseguró que la mayoría de los ejemplos utilizados se referían a UGT.
A partir de 2005, además, Junquera aseguró que «quien hace las facturas coge confianza y ya empiezan a pedir dietas de comidas». Además, indicaron que el convenio firmado en 2004 recogía la necesidad de formar un comité de control y seguimiento del convenio, que revisaría las memorias de cada visita a las obras, un comité que nunca llegó a formarse.
En cuanto a la visita a las obras licitadas, objetivo del convenio, los populares aseguran que «no se justifican en ningún caso. Ponen la calle y el día en el que fueron a la visita, pero no la hora, ni el tiempo que emplearon, ni con qué facultativo o director de obra se reunieron». De los ejercicios de 2004 y 2007, dicen, «no hay ninguna certificación de obra. Tan sólo hay una pequeña memoria de 2006 y algunos datos de 2005».
Sin facturas trimestrales
Pero los conceptos de las facturas no son el único problema, a juicio del PP. Porque, según establecía el convenio, era necesario emitir facturas de forma trimestral, algo que, al parecer, sólo se cumplió al principio y en 2007, de hecho, «se hizo una única factura». En 2006, por ejemplo, se facturó por semestres. Eso, a pesar de que el texto del acuerdo establecía una cuantía anual de 16.500 euros anuales para cada sindicato, que se hacía «efectivo en cuartas partes por trimestres vencidos y previa justificación».
Y aún encontraron otra «irregularidad»: el retraso en la firma de los convenios. Así, ninguno de ellos se firmó en tiempo, según los populares, llegando al extremo de 2007, cuando el acuerdo de ese año fue cerrado en el mes de diciembre, mientras que «esa prórroga debería haberse firmado en noviembre de 2006».
Tanto Junquera como Crego defendieron que «se incumplió el convenio una y otra vez», lo que consideran de «tremenda gravedad». Por eso, ayer, en rueda de prensa, pidieron a la propia alcaldesa «una explicación de tremenda tropelía», de este «pago de cuestiones de fuera del convenio». Por el momento, los populares se mantienen «a la espera de una respuesta, de la respuesta que exige la gravedad de estos hechos». A partir de ahí, anuncian, podrían estudiar remitir la documentación al Tribunal de Cuentas, a la Sindicatura de Cuentas o a «otros órganos».
Luis Crego fue especialmente duro con el equipo de gobierno. «En los años que llevo en esta casa, en los años que he sido concejal, no recuerdo ver un expediente tan increíblemente llevado, un expediente como este con contenido económico tramitado en éste Ayuntamiento».
Junquera y Crego detallaron casi uno a uno los justificantes que los sindicatos habían remitido al Ayuntamiento. Los conceptos por los que se solicitaba dinero eran, básicamente, según explicaron los ediles, «facturas telefónicas, compra de legislación, material de prevención y reparaciones de ordenador». Pusieron muchos ejemplos, como un gasto de 1.157 euros en material de oficina, gasto que fue rechazado por la viceinterventora municipal y que fue sustituido por «más de 1.000 euros por compra de legislación y la reparación de un ordenador». En cuanto a los gastos telefónicos, tanto de móviles como de fijos, existen facturas de 630 euros, explicó Junquera, quien aseguró que la mayoría de los ejemplos utilizados se referían a UGT.
A partir de 2005, además, Junquera aseguró que «quien hace las facturas coge confianza y ya empiezan a pedir dietas de comidas». Además, indicaron que el convenio firmado en 2004 recogía la necesidad de formar un comité de control y seguimiento del convenio, que revisaría las memorias de cada visita a las obras, un comité que nunca llegó a formarse.
En cuanto a la visita a las obras licitadas, objetivo del convenio, los populares aseguran que «no se justifican en ningún caso. Ponen la calle y el día en el que fueron a la visita, pero no la hora, ni el tiempo que emplearon, ni con qué facultativo o director de obra se reunieron». De los ejercicios de 2004 y 2007, dicen, «no hay ninguna certificación de obra. Tan sólo hay una pequeña memoria de 2006 y algunos datos de 2005».
Sin facturas trimestrales
Pero los conceptos de las facturas no son el único problema, a juicio del PP. Porque, según establecía el convenio, era necesario emitir facturas de forma trimestral, algo que, al parecer, sólo se cumplió al principio y en 2007, de hecho, «se hizo una única factura». En 2006, por ejemplo, se facturó por semestres. Eso, a pesar de que el texto del acuerdo establecía una cuantía anual de 16.500 euros anuales para cada sindicato, que se hacía «efectivo en cuartas partes por trimestres vencidos y previa justificación».
Y aún encontraron otra «irregularidad»: el retraso en la firma de los convenios. Así, ninguno de ellos se firmó en tiempo, según los populares, llegando al extremo de 2007, cuando el acuerdo de ese año fue cerrado en el mes de diciembre, mientras que «esa prórroga debería haberse firmado en noviembre de 2006».
Tanto Junquera como Crego defendieron que «se incumplió el convenio una y otra vez», lo que consideran de «tremenda gravedad». Por eso, ayer, en rueda de prensa, pidieron a la propia alcaldesa «una explicación de tremenda tropelía», de este «pago de cuestiones de fuera del convenio». Por el momento, los populares se mantienen «a la espera de una respuesta, de la respuesta que exige la gravedad de estos hechos». A partir de ahí, anuncian, podrían estudiar remitir la documentación al Tribunal de Cuentas, a la Sindicatura de Cuentas o a «otros órganos».
Luis Crego fue especialmente duro con el equipo de gobierno. «En los años que llevo en esta casa, en los años que he sido concejal, no recuerdo ver un expediente tan increíblemente llevado, un expediente como este con contenido económico tramitado en éste Ayuntamiento».
