
La semana pasada un secretario judicial trató de hacer efectivo ya el desahucio, pero decidió otorgar una prórroga -que concluía hoy- ante la constatación de que muchas familias no habían encontrado aún un destino alternativo para su ancianos. En los últimos siete días, los familiares de los internos se han afanado en la búsqueda de otras residencia, para lo que contaron con el apoyo de los propios trabajadores de Villa Marta. De los 23 residentes con que contaba el geriátrico de Mareo, los familiares de tres de ellos ya se hicieron cargo del cambio de alojamiento el mismo día en que se anunció el cierre de las dependencias.
Ampliación del plazo
Esta precipitada situación viene motivada por la decisión de los propietarios del edificio de rescindir el contrato que mantenía con la gerencia de la residencia después de una disputa judicial entre ambas partes en la que se estableció el pasado viernes como día para hacer efectivo el desahucio. No obstante, lo precipitado de esta medida y la necesidad de realojar a los residentes hizo que el plazo se ampliara una semana, que no se ha llegado a culminar, ya que Villa Marta cerrará sus puertas de forma definitiva hoy mismo.
La comunicación judicial llegó a los responsables de la residencia el pasado 4 de enero, un plazo demasiado corto, a su entender, para trasladárselo a los familiares de los residentes y que buscaran nuevos alojamientos para los afectados.
Esta residencia vino realizando su actividad durante los últimos 20 años en un caserón de Mareo en régimen de alquiler. Los propietarios iniciaron hace dos años las acciones legales necesarias para obtener la resolución del contrato que, en opinión de la gerencia de la institución, tenía carácter indefinido. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de los de Gijón dictó una sentencia en la que se conminaba al desahucio, ya que daba la razón a los propietarios del caserón, a pesar de que existía un nuevo contrato por 15 años cuya validez se encuentra aún a estudio por los tribunales.





