ECONOMÍA
El incierto futuro del suelo de La Camocha
La quiebra de la explotación ha complicado los trámites previstos para convertir los 400.000 metros cuadrados de terreno de San Martín de Huerces en un parque empresarial
03.02.08 -
EL PROYECTO
EL PROYECTO
La quiebra de Mina La Camocha ha complicado el plan anunciado en agosto de 2006 por la alcaldesa de Gijón para construir un parque empresarial en los cerca de 400.000 metros cuadrados de terreno que, tras el cierre de la mina, han quedado disponibles en la zona. La sociedad adeuda al Estado 110 millones de euros y los terrenos que tiene en San Martín de Huerces son uno de los principales activos con los que cuenta de cara a resolver la quiebra al poder venderlos para pagar a los acreedores. Otra posibilidad sería que los diferentes bienes de la sociedad pasaran al Estado y que fuera éste quien a su vez asumiera las obligaciones pendientes: el pago a trabajadores, prejubilados y otros acreedores.
De momento, el proyecto empresarial para los terrenos de Mina La Camocha se encuentra paralizado a la espera de que se despeje el futuro laboral de los trabajadores de la explotación. El consistorio gijonés asegura que no facilitará ninguna informa adicional sobre la marcha de ese proyecto hasta que el capítulo laboral se haya cerrado, lo que podría retrasar la puesta en marcha de un proyecto que, en un principio, se había fijado para 2009.
El plan de cierre de la mina -que contiene previsiones de producción de plantilla y de costes desde 2002 hasta el año de la clausura-, firmado el pasado 23 de abril en la Delegación el Gobierno de Barcelona por el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos; el director general de Energía, Ignasi Nieto, y dirigentes de los sindicatos SOMA-FIA-UGT y FM-CC OO conducía, en palabras de Nieto, a un cierre ordenado el 31 de diciembre de 2007 con el cobro íntegro de las nóminas de los trabajadores.
Sin embargo, la decisión de la empresa de presentar un proceso de quiebra ha dificultado el pago de los salarios, debido a que la ley impide conceder subvenciones a empresas que hayan solicitado un concurso de acreedores.
Deuda heredada
Mina La Camocha presentó la quiebra el pasado 18 de diciembre, después de que la Tesorería General de la Seguridad Social transformara en una deuda cerca de 30 millones de euros del crédito participativo que tenía en la empresa, deuda heredada de la escisión de la Minerosiderúrgica de Ponferrada (MSP) en 1991. La sociedad había dejado de pagar en 2007 los intereses de ese crédito y el convenio suscrito con la Administración indicaba que en ese caso el crédito participativo se transformaba en crédito ordinario; una deuda exigible. Esos 30 millones de euros forman parte de los 110 millones que le reclama el Estado a la mina gijonesa. Los prejubilados se sitúan,después de la Administración, como los principales acreedores. La empresa está obligada a pagar a los 475 prejubilados del plan 1998-2001 un complemento del 22% de sus pagas. La deuda con los trabajadores, por el impago de los salarios desde el mes de noviembre, irá creciendo al ritmo de 620.000 euros mensuales. También existen otros acreedores minoritarios.
El proyecto para los terrenos de la explotación avanzado en su día por el Consistorio gijonés fue acogido con críticas por parte de la oposición, con tristeza por parte de los trabajadores, que preferirían que la mina no cerrase, y con con cierta alegría por parte de los vecinos del poblado, que no ocultaron, no obstante, cierto escepticismo. De acuerdo a la propuesta inicial, el parque crearía entre 300 y 500 puestos de trabajo y una inversión pública de partida de 10 millones de euros.
De los 400.000 metros cuadrados de superficie afectada, en torno a 265.000 se destinarían al parque empresarial propiamente dicho, 57.000 a viales, 82.000 a espacios libres y el resto -entre 30.000 y 40.000- a equipamientos sociales y deportivos donde se da por segura la presencia de piscinas.
El futuro parque empresarial de Mina La Camocha, que culminó su actividad el pasado 31 de diciembre, aprovecharía, además, algunos de los edificios existentes en la mina para albergar centros de empresas. A diferencia del polígono industrial tradicional, el parque empresarial se caracteriza por una regulación de usos del suelo más estricta. De hecho los existentes en España suelen impedir o restringir la instalación de industria pesada y de actividades molestas, insalubres, peligrosas o contaminantes. Además incluyen un asentamiento de empresas con una menor densidad de naves, más espacios abiertos, aparcamientos públicos en superficie y criterios de estética en las edificaciones particulares para conseguir entornos de alta calidad ambiental.
Impulso económico
Otra singularidad de este tipo de equipamientos es que comparten una orientación más general hacia la actividad económica, sin limitarla de forma exclusiva a la industria ligera, y su política de favorecer la incorporación de los servicios tanto a empresas (ingenierías, consultorías, asesorías, etcétera) como a trabajadores (restauración, comercios, bancos, etcétera.).
Lo de momento parece difícil es que vaya a poder cumplir el plan de trabajo que manejaban en su día los organismos e instituciones implicados en el proyecto y en el que se planteó que las instalaciones podrían estar operativas a finales de 2009 o principios de 2010.
De momento, el proyecto empresarial para los terrenos de Mina La Camocha se encuentra paralizado a la espera de que se despeje el futuro laboral de los trabajadores de la explotación. El consistorio gijonés asegura que no facilitará ninguna informa adicional sobre la marcha de ese proyecto hasta que el capítulo laboral se haya cerrado, lo que podría retrasar la puesta en marcha de un proyecto que, en un principio, se había fijado para 2009.
El plan de cierre de la mina -que contiene previsiones de producción de plantilla y de costes desde 2002 hasta el año de la clausura-, firmado el pasado 23 de abril en la Delegación el Gobierno de Barcelona por el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos; el director general de Energía, Ignasi Nieto, y dirigentes de los sindicatos SOMA-FIA-UGT y FM-CC OO conducía, en palabras de Nieto, a un cierre ordenado el 31 de diciembre de 2007 con el cobro íntegro de las nóminas de los trabajadores.
Sin embargo, la decisión de la empresa de presentar un proceso de quiebra ha dificultado el pago de los salarios, debido a que la ley impide conceder subvenciones a empresas que hayan solicitado un concurso de acreedores.
Deuda heredada
Mina La Camocha presentó la quiebra el pasado 18 de diciembre, después de que la Tesorería General de la Seguridad Social transformara en una deuda cerca de 30 millones de euros del crédito participativo que tenía en la empresa, deuda heredada de la escisión de la Minerosiderúrgica de Ponferrada (MSP) en 1991. La sociedad había dejado de pagar en 2007 los intereses de ese crédito y el convenio suscrito con la Administración indicaba que en ese caso el crédito participativo se transformaba en crédito ordinario; una deuda exigible. Esos 30 millones de euros forman parte de los 110 millones que le reclama el Estado a la mina gijonesa. Los prejubilados se sitúan,después de la Administración, como los principales acreedores. La empresa está obligada a pagar a los 475 prejubilados del plan 1998-2001 un complemento del 22% de sus pagas. La deuda con los trabajadores, por el impago de los salarios desde el mes de noviembre, irá creciendo al ritmo de 620.000 euros mensuales. También existen otros acreedores minoritarios.
El proyecto para los terrenos de la explotación avanzado en su día por el Consistorio gijonés fue acogido con críticas por parte de la oposición, con tristeza por parte de los trabajadores, que preferirían que la mina no cerrase, y con con cierta alegría por parte de los vecinos del poblado, que no ocultaron, no obstante, cierto escepticismo. De acuerdo a la propuesta inicial, el parque crearía entre 300 y 500 puestos de trabajo y una inversión pública de partida de 10 millones de euros.
De los 400.000 metros cuadrados de superficie afectada, en torno a 265.000 se destinarían al parque empresarial propiamente dicho, 57.000 a viales, 82.000 a espacios libres y el resto -entre 30.000 y 40.000- a equipamientos sociales y deportivos donde se da por segura la presencia de piscinas.
El futuro parque empresarial de Mina La Camocha, que culminó su actividad el pasado 31 de diciembre, aprovecharía, además, algunos de los edificios existentes en la mina para albergar centros de empresas. A diferencia del polígono industrial tradicional, el parque empresarial se caracteriza por una regulación de usos del suelo más estricta. De hecho los existentes en España suelen impedir o restringir la instalación de industria pesada y de actividades molestas, insalubres, peligrosas o contaminantes. Además incluyen un asentamiento de empresas con una menor densidad de naves, más espacios abiertos, aparcamientos públicos en superficie y criterios de estética en las edificaciones particulares para conseguir entornos de alta calidad ambiental.
Impulso económico
Otra singularidad de este tipo de equipamientos es que comparten una orientación más general hacia la actividad económica, sin limitarla de forma exclusiva a la industria ligera, y su política de favorecer la incorporación de los servicios tanto a empresas (ingenierías, consultorías, asesorías, etcétera) como a trabajadores (restauración, comercios, bancos, etcétera.).
Lo de momento parece difícil es que vaya a poder cumplir el plan de trabajo que manejaban en su día los organismos e instituciones implicados en el proyecto y en el que se planteó que las instalaciones podrían estar operativas a finales de 2009 o principios de 2010.
