En total, la convocatoria afecta a unos 9.500 trabajadores de siete comunidades -Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja y Baleares-, además de a los de Ceuta y Melilla.
El Principado se suma así a un paro que en el resto de las autonomías comenzó el lunes y que ha provocado ya la suspensión de decenas de juicios que no estaban incluidos en los servicios mínimos establecidos.
Los trabajadores reclaman con esta huelga al Ministerio de Justicia una «solución inmediata» a la «discriminación salarial» que sufren con respecto a sus compañeros de las comunidades transferidas, una discriminación que «aumenta cada día conforme se van alcanzando acuerdos económicos en los territorios transferidos y que en 2010 se elevaría a 500 euros», aseguró ayer Ignacio Quintana, responsable del sector de Justicia de Comisiones Obreras de Asturias.
«La diferencia entre los trabajadores que dependen directamente del Ministerio y los que trabajan en comunidades con las competencias transferidas puede suponer unos 2.400 euros anuales», precisó Quintana, quien considera «inadmisible que el Ministerio, haciendo gala de su prepotencia, se niegue a negociar cuando se habla de criterios de homogeneidad para trabajadores que prestan los mismos servicios».
La primera medida de presión para acabar con esta actitud «con la que el Ministerio quiere dejar este asunto pudrirse», explicó el responsable de CC OO, será una concentración que se desarrollará a las ocho y media de esta mañana frente al Palacio de Justicia de Oviedo.
Quintana no cree que la negativa del Ministerio a equiparar los sueldos «sea una cuestión de falta de presupuestos, ya que sí se ha subido el sueldo a jueces y fiscales, que son quienes más cobran».
Por su parte, el responsable de Justicia de UGT de Asturias, Juan Miranda, denunció que los servicios mínimos impuestos son «abusivos», superando incluso los que se suelen marcar para la sanidad, lo que no impedirá «que haya problemas en el Registro Civil y que se suspendan todos los juicios que no estén incluidos por ellos».
En opinión de los sindicatos, que ya convocaron una huelga en diciembre por este conflicto, «si no se alcanza una solución, habrá una Justicia de primera y de segunda».





