
Según la reseña del Consejo, las empresas beneficiarias son aquellas que atraviesan una situación comprometida por motivos que les impiden recibir las ayudas previstas en la orden ministerial que regula las bajas incentivadas y los costes derivados del cierre de las minas (por ejemplo, deudas con la Administración o situaciones de insolvencia). Éste es el caso de Mina La Camocha.
El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrolla Alternativo de las Comarcas Mineras, organismo dependiente del Ministerio de Industria, asumirá el pago del 100% de los salarios brutos de los empleados, incluidas las pagas extraordinarias, así como el pago de las cotizaciones necesarias a la Seguridad Social.
El comité de empresa de La Camocha ya advirtió anteayer de que revisaría «la letra pequeña» del Real Decreto para comprobar que sus salarios están garantizados hasta su integración en Hunosa. También confiaba en que la norma «aclarase» los plazos de cese y abandono de la explotación gijonesa.
Los seis trabajadores de la mina continúan su encierro ante las dudas de los sindicatos sobre la aplicación del decreto y el proceso para el cobro de los salarios de este ejercicio hasta el cierre y su incorporación a la empresa estatal hullera.





