Los objetores confían en que el Supremo retire la obligación de asistir a clase

El Foro Asturiano de la Familia ha vuelto «al inicio del proceso». No por voluntad propia, sino obligado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que el pasado lunes dio la razón a la Consejería de Educación. En siete sentencias, concluyó que Educación para la Ciudadanía no vulnera los derechos fundamentales de los padres objetores. Y, por esta razón, determinó que la asistencia a esta asignatura es obligatoria. La asociación -aglutinadora de los padres asturianos contrarios a que sus hijos cursen Educación para la Ciudadanía- continuará luchando para lograr que la posibilidad de no asistir a clase vuelva a ser real y también legal, como informó ayer su presidente, Ángel Mario Díaz.

En el plazo de diez días presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. «Hasta abril de 2009» la sentencia definitiva no estará lista, según el letrado de la asociación, José Luis Lafuente. Esperan, sin embargo, que «antes de fin de curso» el Supremo decida aplicar la medida cautelar solicitada por el Foro de la Familia. Volverán, así, a pedir la suspensión de la obligatoriedad de asistir a las lecciones de Educación para la Ciudadanía.

Es el primer logro que intenta alcanzar el colectivo de manos del alto tribunal. También es su última baza. Mientras aguardan el procedimiento judicial, el Foro de la Familia deja que «cada padre tome de forma personal la decisión» de que su hijo acuda a las lecciones sobre la materia. Ángel Mario Díaz, en el papel de uno de los padres objetores, avanzó que la intención de la mayoría es seguir adelante con la «no asistencia», y se reafirmó en lo avanzado a EL COMERCIO: «Las medidas cautelares siguen vigentes porque la sentencia actual no es firme, lo que nos obliga a pedir nuevamente la renovación de las medidas cautelares, pero los niños siguen estando al amparo de la sentencia anterior».

Recordó, no obstante, que «la no asistencia a clase no significa un suspenso, sino un no evaluado». Esto es lo que hay de momento y hasta que el Supremo mueva ficha. Después, si por mandato judicial se convierte en una obligación la «recuperación de la asignatura en verano», se hará. «Pero ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él», zanjó. Y en cuanto al fallo del TSJA, Díaz insistió: «Basa su fallo en el desconocimiento de la asignatura». Como ejemplo, él se ha opuesto en su recurso «al bloque dos de la materia». Es el que aborda las relaciones afectivo-sexuales y que el TSJA «ha obviado», dijo.

Subrayó que los padres «no han objetado contra la Ley de Educación, sino contra los contenidos de un bloque de la asignatura», lo cual, a su juicio, no ha sido atendido. Con todo, la asociación intenta mirar el lado positivo de la 'batalla judicial'. «Da la sensación de que el alto tribunal asturiano hace un guiño a los padres y dice 'mira no vais por mal camino, pero no quiero tomar una decisión y espero que sea el Supremo quien dicte jurisprudencia'».

Finalmente, el presidente de la asociación lamentó que «las noticias facilitadas por el consejero de Educación no se ajusten a la verdad» y que José Luis Iglesias Riopedre, «una vez más, haya mostrado su permanente actitud de prepotencia, falta de talante democrático y ausencia de rigor en la interpretación de las resoluciones judiciales». Díaz aseguró que «contrariamente a los manifestado por el consejero, las sentencias del TSJA reconocen expresamente el derecho a objetar frente a las asignaturas cuando sus contenidos violen los derechos de libertad ideológica y religiosa y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones». Riopedre se reafirmó ayer en lo dicho: «El TSJA ha establecido que estos alumnos tienen que ir a clase como a cualquier otra asignatura obligatoria independientemente de lo que diga el Supremo».