
CRONOLOGÍA
El plazo parece exiguo para una expropiación que se arrastra por los tribunales desde 1996, pero buena parte de los trabajos tienen como base el extenso expediente municipal sobre el conjunto. La documentación incluye ya otra tasación, la que efectuó una comisión de tasación en 1996: 6,6 millones de euros.
Aquel precio asustó al equipo de gobierno, que intentó dar marcha atrás al proceso y entró en una larga serie de pleitos, cerrados de momento con una sentencia salomónica del Tribunal Supremo en 2003. El órgano judicial concluía, para satisfacción de los propietarios, que el Ayuntamiento no podía frenar el proceso iniciado; para alegría de las Consistoriales, anulaba a su vez el precio.
Razonaba que «la argumentación municipal más parece un intento de eludir el pago de un justiprecio, que puede parecer excesivo, que una razón justificadamente fundada en la preservación del interés público y el bien común». Si el justiprecio era o no excesivo fue baladí para el Supremo. Anuló la tasación por un defecto de forma. La comisión que valoró el conjunto estaba formada por cuatro miembros, en vez de por tres, como era preceptivo según la normativa.
Desde entonces, el Ayuntamiento ha demorado todo lo posible la constitución de la comisión, retrasando el nombramiento de su representante, a lo que finalmente le obligó otra sentencia judicial.
Villa Magdalena
Si se cumplen las expectativas de la comisión y resuelve en plazo, el Ayuntamiento se encontrará con otro 'muerto' económico antes del verano. Del precio que fijen los tres expertos en su dictamen dependerá lo gravoso del proceso para el Ayuntamiento.
En cualquier caso, la factura se sumará a la que deje la expropiación de Villa Magdalena. Aunque el Supremo confirmó la tasación de 11 millones de euros, la decisión del equipo de gobierno de no provisionar los fondos ha permitido al empresario expropiado solicitar una retasación. La de parte que ha entregado en el juzgado valora los terrenos en 63 millones de euros. El Ayuntamiento no ha elaborado aún la suya. «La están haciendo los técnicos», explicó el concejal de Economía, Agustín Iglesias Caunedo.





