
Al consenso se llegó después de dos meses de negociaciones internas, impulsado por el ánimo de alcanzar un acuerdo por parte de ambas partes, Ayuntamiento y sindicatos, según subrayó el edil.
Para Alonso, uno de los objetivos conseguidos es la consolidación del empleo con la mejora de la situación de ocho trabajadores temporales que tendrán un contrato indefinido.
En cualquier caso, lo que más satisface a los sindicatos es la contratación de una empresa independiente que se encargará de hacer el estudio de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), añadió el concejal. Con el estudio del RPT, explicó, «se sentarán las bases de la forma de trabajo y la reorganización de las tareas adecuadas a los tiempos actuales». En este sentido, puntualizó que «es importante para conseguir la eficacia laboral que todos los trabajadores sepan cómo deben funcionar y lo que tiene que hacer cada uno en cada momento».
«Inadmisible»
Por otro lado, el responsable municipal de Participación Ciudadana indicó que «era inadmisible que los trabajadores tuvieran un convenio laboral del año 2001, desactualizado en todos los aspectos». Hasta en asuntos como la actualización del plus laboral, «ya que se encontraba totalmente desfasado desde hacía siete años».
El Ayuntamiento aceptó la propuesta de analizar la situación de los electricistas que están de retén a lo largo de seis meses del año y de actualizar asimismo la de los fontaneros.
Rafael Alonso reconoció que se sentía «orgulloso como sindicalista de haber alcanzando un acuerdo con los representantes de los trabajadores». Representantes sindicales recordaron las dificultades que hubo en el mandato anterior para la firma del convenio colectivo. Aseguraron que en el año 2004 rechazaron la propuesta laboral del equipo de gobierno municipal, en una asamblea de trabajadores celebrada en el Ayuntamiento.
Las diferencias entre las centrales sindicales y el Ayuntamiento obligaron a seguir negociando la subida de nivel en las diferentes categorías y el complemento de destino de los trabajadores. La propuesta del equipo de gobierno afectaba a 80 trabajadores, del total de la plantilla de 175, que verían mermado su salario al cabo de tres años. Hubo una catalogación de puestos de trabajo, aprobado por un pleno en el mes de mayo de 2003, antes de las elecciones municipales, «que el gobierno municipal había modificado, perjudicando a los trabajadores», aseguraron las mismas fuentes.
Comisiones Obreras consideraba, en el año 2004, que deberían recortarse las desigualdades salariales, ya que primaban las subidas a favor del personal administrativo.
Rafael Alonso destacó «el esfuerzo de los sindicatos y del Ayuntamiento para alcanzar el acuerdo que será sometido a las asambleas de los trabajadores por parte de cada sindicato».
El documento del preacuerdo del convenio laboral fue firmado por Rafael Alonso, en representación del Ayuntamiento y los representantes de los sindicatos, UGT, Angélica González; por Comisiones Obreras, Nicanor Enrique Arufe García y por USO, Ángeles Migueles Estébanez. El concejal insistió «en el afán constructivo por parte de los representantes de los trabajadores, que mostraron su buena voluntad en todo momento».





