
LA COMPARATIVA
Esos son algunos de los datos ofrecidos ayer por la consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, durante la presentación del balance de su plan de choque, iniciado hace dos semanas tras reconocer un colapso en la aplicación de la ley, debido al retraso en la aprobación ministerial de los órganos valoradores. El atasco afectaba a 8.000 personas. Esta iniciativa asturiana, que ha supuesto la contratación de 17 personas y la reasignación de 22 trabajadoras sociales (que prestaban servicio en centros de mayores), ha permitido, según Pilar Rodríguez, «que casi 700 personas más estén recibiendo prestaciones».
Con estos expedientes, ya son 4.135 los asturianos que reciben algún tipo de prestación: 368 en forma de nómina y 3.767 en forma de servicio, aunque la propia consejera reconoció que, en el caso de estos últimos, «la mayoría», ya disfrutaban antes del dispositivo que les ha sido asignado ahora. Es ese el caso, por ejemplo, de las personas con gran dependencia que han optado por alojarse en una residencia, ya que del total, 3.088, sólo 264 son «nuevas incorporaciones», puesto que el resto ocupaban ya una plaza geriátrica pública.
Pilar Rodríguez explicó que la prioridad para su departamento «son, como no podía ser de otra manera, los grandes dependientes, y hemos empezado por los que ya teníamos alojados en nuestras residencias». Lo mismo ocurre con los usuarios de centros de día (136) o de la ayuda a domicilio (543), aunque Paulo González, director general de Prestaciones, explicó que «es difícil cuantificar qué tenían antes y qué tienen ahora, porque a todos se les ha aumentado el número de horas a las que tienen derecho».
1.500 más al mes
Con las nuevas cifras, lo cierto es que aún hay 7.512 asturianos a la espera de recibir algún tipo de servicio, de los que a 5.333 se les supone un grado de dependencia grave o severo. González asumió que aún «hay un volumen importante de personas a la espera», pero aseguró que «en los próximos meses, con la entrada en activo de todas estas personas, la situación se normalizará». Tanto la consejera como el director general de prestaciones se comprometieron a que, mensualmente, «1.500 personas se incorporen al sistema».
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