GIJÓN
Una llamada anónima delató a los imputados por la denominada 'operación Kartero'
El fiscal mantuvo la pena de 51 años de cárcel para los cuatro acusados de traer droga por correo
05.03.08 -
BANQUILLO. Los cuatro implicados durante el juicio. / L. SEVILLA
Una llamada anónima recibida en el cuartel de la Guardia Civil de Gijón delató a los imputados por la denominada 'operación Kartero' y detalló los pormenores de la supuesta red delictiva dedicada a introducir cocaína oculta en relojes decorativos. Las sustancias estupefacientes llegaban por correo postal procedentes de Colombia. Se detectaron cinco envíos y el Ministerio Fiscal calcula que la cocaína introducida en Asturias de esta forma podría rondar los seis kilos.
El testimonio del llamante que no se identificó se produjo en octubre de 2006, pocos días después de que se produjese la primera detención en la oficina de Correos de Gijón. Aportó datos concretos de los otros implicados y llegó a detallar el vehículo en el que viajaban los arrestados.
El fiscal antidroga de Asturias, José Perals, mantuvo ayer la pena de 51 años de cárcel para los cuatro imputados y añadió la multa de 300.000 euros a la misma cantidad solicitada para Andrés Felipe S. S., el súbdito venezolano al que se considera cabecilla de la estructura delictiva junto a otro joven sudamericano que permanece huido de la justicia.
Asimismo, el fiscal defendió la legalidad de las actuaciones policiales frente a la impugnación presentada por un letrado basada en la vulneración de la correspondencia privada. Perals aclaró que en el exterior del paquete figuraba una nota en la que se explicitaba su contenido, es decir, los relojes decorativos, por lo que no sé vulneró ningún derecho, a su juicio, al tratarse de mercancía.
El fiscal tildó la conducta de los tres vecinos de Gijón imputados como «muy grave», ya que «pese a tener entre 21 y 24 años en el momento de los hechos, tenían el pleno conocimiento de lo que hacían».
Análisis toxicológico
También señaló que los análisis toxicológicos de los pelos extraídos a los acusados tras su detención dieron negativo al consumo de droga, así como que los peritos del SIAD (Servicio de Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias) apuntaron que eran consumidores, pero sólo por referencia e incluso, en el caso de Alberto G.M, señalaron que había un abuso pero no una dependencia. Por todo ello, el fiscal indicó que no se puede aplicar como atenuante y mucho menos como eximente el que los imputados fueran drogadictos dependientes.
La acusación pública pide para Andrés F. S. S. la pena de 14 años de prisión y dos multas de 300.000 euros cada una; para Alberto G. M. una pena se cárcel de 13 años y una multa de 100.000 euros; y para Javier P. R. e Iván R. C., 12 años de prisión y multa de 100.000 euros.
El juicio proseguirá el 12 de marzo con las conclusiones de los abogados de la defensa.
El testimonio del llamante que no se identificó se produjo en octubre de 2006, pocos días después de que se produjese la primera detención en la oficina de Correos de Gijón. Aportó datos concretos de los otros implicados y llegó a detallar el vehículo en el que viajaban los arrestados.
El fiscal antidroga de Asturias, José Perals, mantuvo ayer la pena de 51 años de cárcel para los cuatro imputados y añadió la multa de 300.000 euros a la misma cantidad solicitada para Andrés Felipe S. S., el súbdito venezolano al que se considera cabecilla de la estructura delictiva junto a otro joven sudamericano que permanece huido de la justicia.
Asimismo, el fiscal defendió la legalidad de las actuaciones policiales frente a la impugnación presentada por un letrado basada en la vulneración de la correspondencia privada. Perals aclaró que en el exterior del paquete figuraba una nota en la que se explicitaba su contenido, es decir, los relojes decorativos, por lo que no sé vulneró ningún derecho, a su juicio, al tratarse de mercancía.
El fiscal tildó la conducta de los tres vecinos de Gijón imputados como «muy grave», ya que «pese a tener entre 21 y 24 años en el momento de los hechos, tenían el pleno conocimiento de lo que hacían».
Análisis toxicológico
También señaló que los análisis toxicológicos de los pelos extraídos a los acusados tras su detención dieron negativo al consumo de droga, así como que los peritos del SIAD (Servicio de Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias) apuntaron que eran consumidores, pero sólo por referencia e incluso, en el caso de Alberto G.M, señalaron que había un abuso pero no una dependencia. Por todo ello, el fiscal indicó que no se puede aplicar como atenuante y mucho menos como eximente el que los imputados fueran drogadictos dependientes.
La acusación pública pide para Andrés F. S. S. la pena de 14 años de prisión y dos multas de 300.000 euros cada una; para Alberto G. M. una pena se cárcel de 13 años y una multa de 100.000 euros; y para Javier P. R. e Iván R. C., 12 años de prisión y multa de 100.000 euros.
El juicio proseguirá el 12 de marzo con las conclusiones de los abogados de la defensa.
