TVE, para quitar hierro al asunto, ha dicho que esto no es una serie sobre un suceso determinado -el asesinato del alcalde de Fago-, sino un relato de ficción tan sólo «inspirado» en sucesos reales. Claro, y por eso la serie se llama 'Fago', transcurre en Fago, el asesinado es un alcalde y el malo es el acusado en la vida real. Como las excusas de TVE son de traca, la familia del finado puso pies en pared y pidió que esta serie no se emitiera, por «injerencia en el proceso judicial».
El asunto llegó a tribunales y allí un juez -el número 2 de instrucción de Jaca- dictaminó que la serie puede emitirse, porque, aunque se recrea en las miserias y rencores entre los personajes y puede llevar al espectador a simpatizar con unos u otros, la medida de prohibir la serie excede el test de proporcionalidad que exige el Tribunal Constitucional para limitar la libertad de expresión. El juez dice también que la serie no afecta al secreto de las actuaciones, porque son hechos que ya han salido a la luz, ni al derecho al honor, porque éste «no cabe en el cauce procesal» del caso.
Los tribunales tienen sus mecanismos propios y hay que aceptar su bondad. Reconozcamos, no obstante, que a veces las consideraciones jurídicas parecen alejarse un tanto del sentido común. Si esto fuera América y yo estuviera en el lugar del fiscal que ha de acusar al asesino, no dudaría ni un minuto en recusar a los miembros del jurado que hayan visto esta serie de TVE, por considerarlos bajo el efecto de una influencia improcedente. Porque el mensaje que se le va quedando a uno al ver 'Fago' es que, hombre, sí, está mal matar a la gente, pero la víctima también era de armas tomar, así que darle boleto no dejaba de ser una acción justificada. Una consideración que no exculpa al asesino de su delito, pero que sí influye a la hora de evaluar la dureza de la pena. Luego vendrá TVE a decir una vez más que no, que lo suyo no es una película sobre el crimen de Fago, sino otra cosa. Y todos nos reiremos mucho, como de costumbre.





