En concreto, Aranda cree que «es de justicia» pedir a la administración municipal que estos edificios singulares «incorporen también algún beneficio en forma de créditos especiales o rebajas en tasas por licencias de obra».
De ese mismo pensamiento es el catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo Ramón Alvargonzález. Éste también plantea al Ayuntamiento que introduzca medidas de discriminación positiva dirigidas a los propietarios, tales como «exenciones de impuestos como el IBI o concesiones de ayudas específicas para la rehabilitación y mantenimiento de las edificaciones».
Diego Cabezudo, con 37 años de trayectoria profesional en la arquitectura a sus espaldas, dice que necesita tiempo para analizar con más profundidad el nuevo documento, pero también señala que «para ser coherentes hay que resarcir de alguna forma a quienes, a efectos de intervención urbanística, a veces les supone un castigo vivir en un inmueble catalogado».
Otro veterano de la arquitectura gijonesa, Ramón Palat, da su aprobación a la inclusión en el nuevo inventario municipal por primera vez de elementos patrimoniales más allá de los edificios. Palat, que dice desconocer las propuestas concretas del catálogo, recuerda que él ya sugirió en el plan de fachadas de El Muro la posibilidad de elevar la protección de dos edificios del frente marítimo como son el colegio San Vicente y el 'peine' de Canga Argüelles.
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