Asturias
Los funcionarios ratifican el paro de la justicia, que paraliza ya 47.000 actuaciones en Asturias
El 89% de la plantilla rechaza la oferta del ministerio y vota por mantener el conflicto comenzado hace dos meses
OVIEDO. Los funcionarios votan en el Palacio de Justicia. / MARIO ROJAS
El regreso de la normalidad a los juzgados desbordados por las consecuencias de la huelga en la Administración de Justicia aún no tiene fecha fijada. Los funcionarios de las comunidades autónomas sin competencias en la materia rechazaron ayer de forma masiva la oferta de mejora salarial del ministerio. En Asturias, donde el atasco en las salas y los registros civiles afecta ya a 47.000 actuaciones, los resultados de las votaciones convocadas por los sindicatos fueron rotundos. El 88,7% de los trabajadores optó por no aceptar el trato ofrecido por el Gobierno y el 89,2% apoyó mantener vivo el conflicto, que mañana cumplirá dos meses.
De la misma manera que el seguimiento de la huelga supera cada día la media nacional, la negativa al acuerdo superó en el Principado el 85,71% del conjunto del referendo entre los funcionarios. La consulta no estuvo exenta de algunas diferencias entre las cuatro centrales sindicales presentes en el sector de la justicia. UGT se desmarcó de la convocatoria y consideró irregular el veto a la participación de los trabajadores que no secundan los paros, aunque matizó que esa discrepancia no afecta a su oposición a la última propuesta ministerial. En Baleares, los propios organizadores detectaron fallos y decidieron anular la votación.
Críticas a Bermejo
En un último esfuerzo por encauzar un conflicto cuya duración empieza a soliviantar a ciudadanos, jueces y abogados, el departamento de Mariano Rodríguez Bermejo propuso el lunes a los sindicatos una subida de sueldo de 140 euros al mes. La mejora sería gradual, repartida entre 2008 y 2009, y a ojos de la plantilla es insuficiente. Los funcionarios empezaron el conflicto para conseguir la equiparación salarial con sus compañeros a sueldo de las comunidades autónomas, que perciben unos 200 euros más en cada nómina.
El escrutinio dejó muy satisfechos a los promotores de la protesta en Asturias. A juicio de Ignacio Quintana, de CC OO, supone «un triunfo absoluto contra el chantaje del ministro y su intento de dividir a los trabajadores». La falta de talante negociador de Bermejo, un reproche siempre sobre la mesa desde el inicio de la huelga, afloró en otras intervenciones. Luis Pérez, de CSI-CSIF, abogó por el regreso a la negociación y consideró «en entredicho» al titular de Justicia, mientras que Jesús Aguiar, de STAJ, le acusó de «intentar echar encima de los funcionarios a la opinión pública» y de usar «mentiras y descalificaciones».
Según las estimaciones de CSI-CSIF, la alteración de la actividad normal en la región ya ha obligado a suspender 7.000 juicios y a dejar sin practicar 10.000 diligencias pendientes y sin tramitar otros 30.000 escritos. Otras centrales ya han dejado de hacer recuento de las causas afectadas. «Muchas ya no se acumulan en los pasillos de los juzgados, sino en los despachos de los abogados», indicó Quintana. Para superar esa situación, CC OO propone un arbitraje del presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, a quien el sindicato considera «una persona independiente y de reconocido prestigio». IGNACIO QUINTANA
De la misma manera que el seguimiento de la huelga supera cada día la media nacional, la negativa al acuerdo superó en el Principado el 85,71% del conjunto del referendo entre los funcionarios. La consulta no estuvo exenta de algunas diferencias entre las cuatro centrales sindicales presentes en el sector de la justicia. UGT se desmarcó de la convocatoria y consideró irregular el veto a la participación de los trabajadores que no secundan los paros, aunque matizó que esa discrepancia no afecta a su oposición a la última propuesta ministerial. En Baleares, los propios organizadores detectaron fallos y decidieron anular la votación.
Críticas a Bermejo
En un último esfuerzo por encauzar un conflicto cuya duración empieza a soliviantar a ciudadanos, jueces y abogados, el departamento de Mariano Rodríguez Bermejo propuso el lunes a los sindicatos una subida de sueldo de 140 euros al mes. La mejora sería gradual, repartida entre 2008 y 2009, y a ojos de la plantilla es insuficiente. Los funcionarios empezaron el conflicto para conseguir la equiparación salarial con sus compañeros a sueldo de las comunidades autónomas, que perciben unos 200 euros más en cada nómina.
El escrutinio dejó muy satisfechos a los promotores de la protesta en Asturias. A juicio de Ignacio Quintana, de CC OO, supone «un triunfo absoluto contra el chantaje del ministro y su intento de dividir a los trabajadores». La falta de talante negociador de Bermejo, un reproche siempre sobre la mesa desde el inicio de la huelga, afloró en otras intervenciones. Luis Pérez, de CSI-CSIF, abogó por el regreso a la negociación y consideró «en entredicho» al titular de Justicia, mientras que Jesús Aguiar, de STAJ, le acusó de «intentar echar encima de los funcionarios a la opinión pública» y de usar «mentiras y descalificaciones».
Según las estimaciones de CSI-CSIF, la alteración de la actividad normal en la región ya ha obligado a suspender 7.000 juicios y a dejar sin practicar 10.000 diligencias pendientes y sin tramitar otros 30.000 escritos. Otras centrales ya han dejado de hacer recuento de las causas afectadas. «Muchas ya no se acumulan en los pasillos de los juzgados, sino en los despachos de los abogados», indicó Quintana. Para superar esa situación, CC OO propone un arbitraje del presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, a quien el sindicato considera «una persona independiente y de reconocido prestigio». IGNACIO QUINTANA
