
El motivo esgrimido es que esas asociaciones han podido «restringir» la libertad de tarifas en sus respectivos ámbitos de actuación. Fuera de dicha patronal sectorial también siguen el mismo camino procedimental las organizaciones interprofesionales de avicultura de carne del pollo y del huevo y sus productos, así como la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado de Asturias.
Del resto de asociaciones provinciales investigadas, la CNC se remite las actuaciones a los órganos de competencia autonómicos para que, «en su caso», puedan emprender actuaciones «similares».
Pese a todo, tras cinco meses de pesquisas, la dirección de investigación de la CNC confirma lo que ya avanzó su presidente, Luis Berenguer, en noviembre, en el sentido de que sería «difícil» probar que los productores y/o comercializadores de comidas y bebidas hubieran actuado como un cartel para elevar sus precios.
En concreto, los técnicos del organismo supervisor reconocen que «parece improbable» hallar señales de esa conducta prohibida. Lo que sí aprecian, y es por lo que se ha decidido continuar con un procedimiento abierto de oficio -pero al que se unieron después las denuncias presentadas por varias organizaciones agrarias y de consumidores- es que pudieron incurrir en prácticas «contrarias» a la libre competencia.
«A la luz de la información analizada» durante estas pesquisas -tanto la documentación intervenida en las inspecciones hechas en la sede de diversas asociaciones, como las «numerosas» declaraciones y comunicaciones realizadas desde éstas-, los responsables de la CNC estiman que dichas patronales han podido vulnerar el artículo de la 'nueva' ley 15/2007 de defensa de la competencia. En concreto, sospechan que a través de «recomendaciones colectivas» a sus asociados han «producido o podido producir el efecto de impedir, restringir o falsear» la libertad de mercado en todo o parte del mismo. Es más, a efectos de una posible sanción, daría igual si esa conducta hubiera tenido efectos prácticos (no así para la cuantía de la misma).
Complicaciones
Aunque durante las diligencias preliminares se llegaron a hacer registros en las oficinas de varias empresas, las complicaciones existentes para «individualizar» las posibles responsabilidades han llevado a la CNC a actuar sólo contra sus asociaciones representativas, todas las que habían sido puestas en entredicho los últimos meses salvo la leche (pese a que algunas de sus compañías sí llegaron a ser inspeccionadas). Así, la lista de organizaciones expedientadas la integran, aparte de la propia Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas (FIAB), los fabricantes de harinas y sémolas (AFHSE); la federación del dulce (FEAD); los fabricantes de helado (AEFH); las panificadoras y pastelerías de marca (PPM); los productores de chocolate y derivados del cacao (CHOCAO); los fabricantes de pastas alimenticias (AEFPA), junto a los de saldas y condimentos preparados.
Conocida la noticia, las asociaciones de consumidores se felicitaron por los expedientes abiertos mientras que las plataformas empresariales afectadas se mostraron sorprendidas y declararon su «inocencia».
El portavoz de Unión de Consumidores de España (UCE) y presidente de UCE Asturias, Dacio Alonso, aseguró ayer que la decisión de CNC «corrobora las numerosas denuncias hechas desde UCE, en las que se advertía de un comportamiento anticompetencia de todos esos gremios que tienen que ver con la industria alimentaria». Alonso insistió en que confirma destacó que el principal problema de la CNC es la «lentitud» para resolver esta cuestión, que puede tardar dos o tres años.





