«No hay nada nuevo ni imaginativo. Ya habíamos advertido hace cuatro ó cinco años de las intenciones de Astals. Se trata de crear una nueva sociedad de accionistas para que los ganaderos nos convirtamos en un grupo de entrega de leche atado con un contrato», afirmó Fernández.
El proyecto que anteayer planteó el presidente de Clas a la junta rectora, órgano de gobierno de la sociedad, consiste en el desdoblamiento de la actual Sociedad Agraria de Transformación (SAT) en dos nuevas entidades. Una, que incluya exclusivamente a los socios activos (1.200 en la actualidad); y otra, que agrupe a la totalidad de los más de 7.470 socios ganaderos, activos y pasivos. Esta última entidad limitada patrimonial mantendría el control sobre la Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), de la que ostenta un 56,39%, así como la marca Clas y configuraría una sociedad mercantil de libre transmisión de participaciones, que permitiría la entrada de nuevos socios y alianzas con otras compañías del sector para poder crecer.
Los críticos y la tercera vía consideran que esta reforma no es sino «una operación de entrega de Clas a la compañía que tenga capital». Sostienen que esta operación sólo persigue «que los ganaderos perdamos la mayoría de CAPSA, para crear una sociedad limitada y sacar a Bolsa la compañía». Ambas corrientes defienden el mantenimiento de la SAT y su crecimiento a partir de las alianzas con otras cooperativas, pero «siempre mirando por los intereses de los ganaderos».
Los sindicatos agrarios asturianos tampoco están de acuerdo con la propuesta de Velasco. En ASAJA la ven con «preocupación» porque, apunta Ramón Artime, «la mayoría de los ganaderos en Clas da más tranquilidad y estabilidad al sector». José Calvo, de UCA, considera «indignante» la falta de informacion. «Si la operación se decide sin el consenso de los socios de la central, será una aberración», dice. Desde COAG, Óscar Sirgo considera que la segregación implicaría que «una de las partes, la de los ganaderos, quedaría más débil».
Concentración
Por su parte, PSOE, PP e IU dieron ayer su respaldo al proyecto de reforma de Clas. La FSA pidió que la oferta sea «transparente, igualitaria y con precio justo» y que se garantice «el control de la empresa por parte asturiana». Para el PP, tanto España como Asturias «urgen» una concentración empresarial y productora, así como de medidas estructurales profundas para alcanzar una mayor competitividad. «Urge agrupar a los productores en función de sus intereses y con unas medidas, de carácter estructural, profundas», declaró el diputado Luis Peláez.
Por su parte, el diputado de IU Aurelio Martín consideró que la reforma de Clas es «una asignatura pendiente desde hace años». Defendió que la empresa se mantenga en Asturias, pero afirmó que CAPSA «no puede perder el tren de las alianzas» que se producirán en el sector lácteo europeo. JOSÉ CALVO
RAMÓN ARTIME
ÓSCAR SIRGO
FSA-PSOE
LUIS PELÁEZ
AURELIO MARTÍN





