Oriente
La huelga de funcionarios de Justicia aplaza el juicio a Miranda
El ex-alcalde riosellano tendría que haberse sentado ayer en el banquillo acusado de prevaricación
03.04.08 -
OVIEDO. José Miranda, a las puertas del juzgado. / MARIO ROJAS
El juicio previsto para ayer, en el que el ex alcalde de Ribadesella, José Miranda, tenía que rendir cuentas ante el juez acusado de prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio ha sido aplazado a causa de la huelga de los funcionarios de Justicia. Además, aún no se sabe la fecha en la que tendrá lugar la vista, lo que puede retrasar considerablemente la resolución de este largo culebrón.
Y es que son ya más de diez años los que dura la polémica sobre las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo por Miranda y su esposa en Covarosa. Junto a los acusados también habían sido llamados a declarar, como testigos, tres funcionarios del Ayuntamiento de Ribadesella: el arquitecto municipal, el vigilante de obras y el que de forma accidental ocupaba la secretaría municipal en 2002, año en el que fueron denunciados los hechos. También tendrán que declarar en su día el guarda de medio rural que denunció la irregularidad urbanística y el arquitecto del servicio de disciplina urbanística del Principado. Por ahora, aún no se ha oido su voz.
El Ministerio Fiscal acusa a José Miranda e Irene Vidal de haber cometido dos delitos: uno contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística. Del primero responden los dos acusados en concepto de autores. Del segundo, sólo se considera autor directo el ex alcalde, mientras que a su esposa se la considera cooperadora necesaria. Por todo ello, el matrimonio se enfrenta a condenas de un año de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para toda la actividad relacionada con la construcción. Además, ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multas por un importe que, de forma global, podría alcanzar los 36.000 euros. El fiscal también solicitó una investigación sobre la situación económica de la pareja «para fijar motivadamente el importe de la multa», trámite realizado por la Agencia Tributaria.
Por su parte, la acusación particular va más allá y reclama para ambos acusados cuatro años de prisión (dos por cada delito), dos años de inhabilitación para la promoción inmobiliaria y una multa superior a los 50.000 euros. Tanto el fiscal, Joaquín de la Riva, como la acusación particular piden la demolición de los inmuebles que motivaron la denuncia. El caso urbanístico de Covarosa tiene que ver con una serie de obras de rehabilitación ejecutadas por el matrimonio en una centenaria quintana rural ubicada en El Corberu (Sardéu), en el concejo de Ribadesella.
Y es que son ya más de diez años los que dura la polémica sobre las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo por Miranda y su esposa en Covarosa. Junto a los acusados también habían sido llamados a declarar, como testigos, tres funcionarios del Ayuntamiento de Ribadesella: el arquitecto municipal, el vigilante de obras y el que de forma accidental ocupaba la secretaría municipal en 2002, año en el que fueron denunciados los hechos. También tendrán que declarar en su día el guarda de medio rural que denunció la irregularidad urbanística y el arquitecto del servicio de disciplina urbanística del Principado. Por ahora, aún no se ha oido su voz.
El Ministerio Fiscal acusa a José Miranda e Irene Vidal de haber cometido dos delitos: uno contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística. Del primero responden los dos acusados en concepto de autores. Del segundo, sólo se considera autor directo el ex alcalde, mientras que a su esposa se la considera cooperadora necesaria. Por todo ello, el matrimonio se enfrenta a condenas de un año de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para toda la actividad relacionada con la construcción. Además, ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multas por un importe que, de forma global, podría alcanzar los 36.000 euros. El fiscal también solicitó una investigación sobre la situación económica de la pareja «para fijar motivadamente el importe de la multa», trámite realizado por la Agencia Tributaria.
Por su parte, la acusación particular va más allá y reclama para ambos acusados cuatro años de prisión (dos por cada delito), dos años de inhabilitación para la promoción inmobiliaria y una multa superior a los 50.000 euros. Tanto el fiscal, Joaquín de la Riva, como la acusación particular piden la demolición de los inmuebles que motivaron la denuncia. El caso urbanístico de Covarosa tiene que ver con una serie de obras de rehabilitación ejecutadas por el matrimonio en una centenaria quintana rural ubicada en El Corberu (Sardéu), en el concejo de Ribadesella.
