
El primer paso para la consecución de las medidas, según González, «es someter a las empresas a un diagnóstico de la situación actual, que se puede realizar desde dentro de la compañía o mediante una auditoria externa». «El certificado de calidad tiene un precio simbólico de unos 300 euros», añadió el edil.
El representante del grupo municipal popular, acompañado de la concejala Dorinda García, explicó que la medida, vigente en la comunidad de Madrid, la Generalitat Valenciana o Navarra, implicaría flexibilizar la jornada laboral de los trabajadores, ofrecer periodos de descanso por de lactancia, garantizar la reintegración de la mujer tras dar a luz o contribuir económicamente al pago de la guardería, entre otras ventajas.
Velar por el bienestar
«No vale sólo con poner en marcha medidas específicas como ya ha hecho el Ayuntamiento en determinadas ocasiones, sino que hay que crear una solución global y extendida en el tiempo para todas las empresas municipales, que deben velar por el bienestar de sus propios trabajadores», señaló Dorinda García.
Una de las propuestas del equipo del Partido Popular para conciliar la vida profesional y la personal es la creación de guarderías tanto para niños como para personas mayores en el propio centro de trabajo, así como flexibilizar los horarios o reducir las jornadas. «El Ayuntamiento de Gijón debe ser ejemplo para las empresas puntuales, por lo que es necesario comenzar desde las empresas municipales para luego extenderse al resto», añadieron.
La acreditación de las empresas municipales con el distintivo de calidad EFR conllevaría una serie de modificaciones para cada una de las compañías en las que se deseen implementar. «Lo ideal sería que se atendiese los problemas particulares de cada trabajador», señaló el concejal Pablo González.





